Retuitear un mensaje injurioso puede salir muy caro

Cuando Steve Messham afirmó en un polémico reportaje emitido en la BCC que un destacado político inglés había abusado de él cuando vivía en un hogar para niños en el norte de Gales, jamás imaginó que su declaración sería el acicate de una enorme campaña de difamación promulgada en Twitter, que ha provocado la dimisión del director general de la cadena inglesa y una denuncia contra miles de 'tuiteros' por el hecho de haber retuiteado un mensaje injurioso en la red social.

En el reportaje de la BBC no se acusaba a ninguna persona directamente, con nombres y apellidos, pero tras su emisión, Twitter se encendió con mensajes directos que acusaban a Alistair McAlpine, un lord y político inglés retirado, antiguo tesorero de la exprimera ministra británica conservadora Margaret Thatcher, de haber cometido delitos de abusos. Sin embargo, el propio protagonista del reportaje se apresuró a corregir lo que consideró "un error", asegurando que McAlpine no era la persona que había abusado de él en el pasado y pidiendo disculpas por la polémica. Pero para entonces, más de 10.000 mensajes en Twitter ya se habían publicado señalando al lord inglés como el ejecutor de los abusos.

Aunque se hizo evidente y público el error y pese a las disculpas, tras ver su nombre circular por Internet vinculado a unas acusaciones tan graves, el barón inglés ha asegurado que buscaría a los responsables y demandaría a quienes le habían injuriado, incluyendo todos aquellos 'tuiteros' que habían reenviado los mensajes injuriosos o enlazado a los mismas. Lo dice claramente, busca darles "una lección". Según informa la prensa británica, los abogados de McAlpine han pedido a Scotland Yard que investigue a las miles de personas que hay detrás de los mensajes publicados, con el objetivo de solicitarles una donación simbólica por su "delito" a la ONG Children in Need. Y el miedo se ha contagiado en la red social de microblogs.

"El delito de injurias en la legislación no hace diferenciación si el mensaje está difundido en un medio tradicional o en la red", aclara Javier Maestre, abogado del Bufet Almeida. "Sin embargo, la ley considera un agravante el hecho de que la injuria se difunda 'con publicidad' cuando se propaga por un medio de imprenta, de radiodifusión o semejante. Y es aquí donde Twitter puede ser considerado como un medio de difusión convencional". Por ello, de seguir adelante, los 10.000 'tuiteros' que publicaron el nombre de McAlpine podrían recibir una denuncia oficial o un llamamiento judicial, ya que la normativa no considera lo mismo una injuria realizada de forma directa contra una persona, en la calle o en un entorno privado, que a través de los medios de comunicación.

"Internet no es un medio desregulado, se trata simplemente de adaptar los mecanismos que ya existen a ciertas peculiaridades del medio, pero está regulado y es posible exigir responsabilidad a quien nos difame", apunta David Maeztu, abogado experto en Internet. "De hecho, en el caso de Twitter, el número de seguidores o 'retuits' podría ser relevante a efectos de la cuantificación del posible daño producido". Pero ese aspecto, que requiere una interpretación, queda ya en mano de los jueces.

Ante una lesión de los derechos de una persona, frente a una injuria que vulnere el derecho al honor, el Estado debe poder impedir que el daño se siga produciendo e incluso sancionar al servicio donde se están difundiendo esos mensajes injuriosos. Así, si Facebook o Twitter o cualquier otro servicio se negara a cumplir con esta regla sufriría una sanción que incluso podría derivar en una interrupción del acceso al servicio desde España. "Por ello, cada vez es más habitual que los jueces o las autoridades consigan la colaboración de estas empresas, aunque todavía son muy lentos los procesos de eliminación de contenidos o bloqueo de cuentas, pese a que los requerimientos son habituales", asegura Maeztu.

El anonimato que permite Internet y los perfiles de las redes sociales dificultan enormemente la identificación de las personas que se encuentran detrás de los nombres en la red. La ley exime de responsabilidad sobre los contenidos a estas empresas siempre y cuando actúen diligentemente en la retirada de los contenidos y no tengan conocimiento efectivo del daño de ese contenido. Por lo tanto, la responsabilidad recae sobre las personas que los difunden. "Se puede pedir a Twitter la retirada cautelar de un mensaje, pero es difícil que se actúe con celeridad", añade Maestre.

Recientemente en España, una singular sentencia del juzgado de primera instancia de Pamplona ha obligado a publicar un fallo en Twitter, la plataforma en la que se cometió el acto ilícito, y un mensaje de rectificación. Ana Pineda, exconcejal de UPN, tuvo que publicar un mensaje en su cuenta de Twitter como parte de la condena por intromisión ilegítima en el honor de la edil de Nafarroa Bai, Uxue Barkos. "Publico este tuit en cumplimiento de la sentencia de 11-10-12 del juzgado de 1ª instancia 5 de Pamplona, que declara que los tuits que remití el 18-03-11 vulneran el honor de doña Uxue Barkos", decía el mensaje.

Los datos asociados a una cuenta muchas veces no tienen por qué ser auténticos. "La única forma de localizar al tuitero sería mediante la localización de la dirección IP desde donde se publicó el tuit, pero este dato sólo lo puede conocer las compañías telefónicas y un juez sólo lo solicitaría en casos de delitos muy graves", remarca David Maeztu. Pero incluso con ello, la dirección IP podría pertenecer a un cibercafé o a una oficina con cientos de trabajadores. "La persecución de un usuario anónimo en Internet sigue siendo muy complicada".

Todo apunta a que finalmente lord Alistair McAlpine se conformará con una disculpa por parte de los 'tuiteros' con muchos seguidores y una pequeña donación a una ONG, pero este caso ha dejado patente que hacerse eco de mensajes difamatorios en las redes sociales puede salir muy caro a miles de personas que a diario se comunican en Internet.