El Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva llegará a las elecciones presidenciales brasileñas del 3 de octubre ostentando exitosas cifras en la reducción de la deforestación de la selva amazónica: la tasa pasó de 18.165 kilómetros cuadrados en 2001 a 7.464 en 2009, un 59% menos. Desde 2005, la cifra no ha dejado de disminuir. La situación de la Amazonia sigue siendo crítica, pero los datos invitan ahora al optimismo.

El Gobierno federal ha logrado estos resultados gracias a nuevas herramientas de monitorización, especialmente el proyecto Prodes de vigilancia de la deforestación, del Instituto de Estudios Especiales (INPE), que permite un seguimiento inmediato de la situación en la selva y una rápida intervención contra quienes quebrantan las normas de preservación. Con todo, según la organización ecologista Greenpeace, queda mucho por hacer: 'Aunque la fiscalización ha dado algunos pasos, en buena parte de la Amazonia, los límites de las propiedades siguen siendo una incógnita y el presupuesto no acostumbra a ser generoso'.

El Gobierno de Lula se debate entre el crecimiento y la conservación

El Gobierno de Lula ha sido ambiguo en su política ambiental, sumido en el dilema entre ecologismo y desarrollo económico. El discurso gubernamental mantiene la vocación ambientalista: el presidente brasileño se comprometió, en la cumbre climática de Copenhague del pasado año, a reducir la deforestación en un 80% antes de 2020 y lo cierto es que parece un objetivo razonable a la luz de las cifras alcanzadas los últimos años. Pero, a decir de los ecologistas, la reforma del Código Forestal nacional podría dar al traste con esos avances.

La bancada ruralista, como llaman en Brasil a los parlamentarios que defienden los intereses del negocio agropecuario y maderero, consiguió que una comisión especial parlamentaria aprobase el nuevo código, que debe pasar ahora el trámite de su aprobación definitiva por el pleno del Congreso y del Senado. Si fuese autorizada en esos mismos términos, la reforma legalizaría la tala de unos 86 millones de hectáreas de selva.

La modificación de la ley se justifica por la necesidad de acabar con la inseguridad jurídica en la Amazonia, donde un 90% de las propiedades se encuentra en situación irregular. Para el diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil, quien presentó la iniciativa, de lo que se trata es de adaptar la ley para que esta se cumpla y se ponga fin al caos actual. Los ecologistas oponen que lo conveniente para lograr ese objetivo sería mejorar los mecanismos de fiscalización y control, y no rebajar el nivel de protección de los ecosistemas amazónicos.

La candidata del Partido Verde (PV), Marina Silva, ha instado a Lula a aplicar el veto presidencial para evitar que se consume la reforma. Silva, ex ministra de Medio Ambiente, salió del Gobierno del Partido de los Trabajadores precisamente por sus desavenencias con Dilma Rousseff, candidata a la presidencia y ex ministra de Minas y Energía. Rousseff ha sido dentro del PT la principal representante del modelo desarrollista, frente a la sostenibilidad que prioriza Silva.

La reforma busca legalizar límites de propiedades, pero permitiría más talas

Por el momento, Silva no ha tenido demasiado éxito en su intento de colocar el asunto en la agenda de la campaña electoral. En un reciente debate televisivo, instó al candidato de la derecha, José Serra, a manifestarse sobre el asunto; él rehuyó la cuestión y se limitó a acotar que tendrá en cuenta las sensibilidades ambientalistas y que el debate en las cámaras debería dejarse para el próximo semestre, cuando tome posesión el nuevo Gobierno. Tanto Serra como Rousseff han evitado aclarar su postura para no enemistarse con ruralistas ni ecologistas.

Casi la mitad del territorio de Brasil, unos 4,5 millones de kilómetros cuadrados, está ocupado por la selva amazónica. Veinte millones de brasileños viven en los nueve estados que componen la llamada Amazonia Legal, y demandan carreteras, empleos, servicios; sus gobernadores exigen una mejor infraestructura de transportes, deseada tanto por la población como por los exportadores ganaderos y los inversores extranjeros. Existen en plena selva ciudades como Belem, ubicada en la cuenca del río Amazonas, con más de un millón de habitantes. Y es aquí donde empieza el dilema entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

Sólo la candidata del Partido Verde se opone claramente a la nueva ley

Tres amenazas acechan a la selva amazónica. En primer lugar, el negocio agropecuario, fundamentalmente las lucrativas industrias de la soja, la ganadería y la madera, en un momento en que la pujanza exportadora de Brasil se sustenta en la demanda creciente de alimentos de los países asiáticos. También, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en plena selva, como la de Belo Monte, en el río Xingú. Y, por último, la industria minera, pues la Amazonia brasileña esconde importantes reservas de hierro y bauxita.

La selva alberga ya una de las mayores minas de hierro del mundo, Carajas, que, en manos de la multinacional brasileña Vale, precisó de la construcción de un ferrocarril de casi mil kilómetros para posibilitar la extracción del mineral.

La actual legislación obliga a los propietarios de tierras a preservar intactas áreas sensibles para el ecosistema; esa protección oscila entre el 80% en los bordes de los ríos amazónicos y el 35% en la sabana tropical. Con la reforma del Código Forestal, en las zonas más protegidas el territorio preservado se reduciría al 50% y llegaría al 0% en el caso de las pequeñas propiedades, cifradas en hasta 400 hectáreas.

La nueva norma suaviza la protección de los márgenes de los ríos, desde los actuales 30 metros hasta 15 e incluso 7,5. Además, se dejaría en manos de los gobiernos de los estados la definición de las áreas protegidas. Greenpeace ha denunciado que los políticos locales han demostrado ser más susceptibles a la presión de los intereses del agronegocio.
Por último, la modificación de la ley supondría una amnistía general a todos aquellos que hayan deforestado la selva ilegalmente antes del mes de julio de 2008. El ministerio de Medio Ambiente estima en unos 10.000 millones de reales (alrededor de 4.500 millones de euros) la suma que las arcas del Estado brasileño dejarán de recibir en concepto de multas.