Aunque la Red ya está preparándose para esquivar la 'ley Sinde', su tramitación política sigue su curso. Hoy, la Comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Economía Sostenible, que incluye las dos enmiendas pactadas entre PSOE, PP y CiU para reformar la normativa del canon digital y rescatar la 'ley Sinde' en esta cámara, y que el presidente de dicha comisión, Jordi Vilalloana (CiU) defenderá en el Pleno. Los miembros de la Comisión se han reunido durante algo más de una hora para elaborar este dictamen sobre el texto, una vez agregadas las enmiendas presentadas hasta el pasado 24 de enero.

La comisión aprobó el informe de la ponencia de la Ley de Economía Sostenible (LES), que reduce a alrededor de 70 enmiendas las 617 que fueron presentadas en un principio al contenido original que provenía del Congreso. La LES será debatida el miércoles 9 de febrero en el pleno del Senado y posteriormente pasará al Congreso, donde será aprobada definitivamente.

Los senadores de la comisión destacaron que trabajaron en busca de acuerdos hasta el último momento, lo que ha quedado plasmado en el informe de la ponencia, dejando fuera de él aquellas enmiendas que todavía deben ser negociadas hasta su debate en el pleno. El objetivo de la ley es sentar las bases para un cambio de modelo productivo, y el Gobierno quiere que entre en vigor a final de febrero.

Al término de la sesión, la portavoz del PSOE, Yolanda Vicente, pidió que el debate sobre la LES no se centre sólo en la 'ley Sinde', 'porque es algo más e implica a muchos sectores'. Además, incidió en el hecho de que las enmiendas se hayan pactado con todos los grupos, incluido el PP.

El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, destacó que el texto de la ley fuera aprobado por unanimidad, lo que, a su juicio, demuestra la capacidad de trabajo del Senado para conseguir acuerdos en temas amplios, como lo es la LES que 'es complicada, de gran complejidad y un cajón de sastre donde entra todo'.

La Ley de Economía Sostenible comenzó su andadura en noviembre de 2009 cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto con el que pretendía reconducir la economía con reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación pública y privada, la desgravación por vivienda y la creación de empresas. Con esta ley, el Ejecutivo pretende que las empresas y los agentes económicos orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles. Uno de los principales objetivos que se marcó esta ley fue establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable con bajo nivel de cargas administrativas.