Hasta ahora, un investigador podía pasar de la treintena obteniendo buenos resultados sin lograr estabilidad laboral. Cambiar esta situación será uno de los objetivos más relevantes de la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, a cuyo borrador ha tenido acceso Público. El documento, que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presentará el miércoles que viene, propone la regulación de la carrera del personal investigador que intentará hacer más atractiva esta actividad para los jóvenes talentos.

El itinerario que seguirían los investigadores, inspirado en el concepto de tenure track, que ha mostrado su eficiencia en el mundo anglosajón, comenzaría, en una primera fase, con contratos de formación. A ellos podrían acceder estudiantes que han obtenido el graduado universitario y han sido admitidos a doctorado. Estos contratos tendrían una duración máxima de cuatro años.

Una vez conseguido el doctorado, los investigadores entran en una fase de formación postdoctoral. En este caso, se optaría, como en la fase anterior, por un contrato en prácticas que duraría entre uno y tres años. Hasta ahora, un investigador no puede firmar este tipo de contratos si han pasado más de cuatro años desde que se doctoró. Según el borrador de la nueva ley, esta restricción se anularía. El motivo expuesto por el grupo de 25 expertos que ha elaborado el documento es facilitar que los investigadores puedan continuar su formación en España o en el extranjero por más tiempo del previsto hasta ahora.

Comienzo de la carrera
Superada la segunda pase de formación, se entraría en la carrera profesional. El primer contrato de este tipo tendría una duración de entre uno y cinco años. Al tercer año, el investigador será evaluado por una instancia independiente que podría ser, por ejemplo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación . Si el científico supera la prueba, el agente empleador estará obligado a contratarlo de forma indefinida. Esta condición se aplicaría tanto a los organismos públicos como a las empresas privadas, que también podrán acogerse a este tipo de contratación.

El contrato temporal de uno a cinco años de duración ya está contemplado en la legislación actual. El cambio fundamental consiste en que el paso a un contrato indefinido cumpliendo unas determinadas condiciones será una obligación para el empleador. Además, ofrecerá la posibilidad de firmar este tipo de contratos indefinidos a instituciones que hasta ahora, aunque quisieran, no podían hacerlo.

Además de favorecer la movilidad de los científicos y tecnólogos, el borrador de la nueva ley intenta regular situaciones que hasta ahora se producían de manera informal. Por ejemplo, los empleados en instituciones públicas podrán adscribirse a una institución en la que normalmente realizan su trabajo conservando el sueldo.
También se permitirá a los empleados públicos tomarse excedencias de hasta cinco años para trabajar en la empresa privada. Durante este tiempo, tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo, a acumular antigüedad y a la evaluación de la actividad investigadora.

Por último, el borrador plantea homogeneizar las estructuras retributivas de los diferentes Organismos Públicos de Investigación (OPI), y las condiciones de entrada y promoción.

“La ley será bastante útil, porque, por ejemplo en el caso de los contratos, evita que los responsables de los centros de investigación se vean obligados a recurrir a métodos heterodoxos si quieren contratar a alguien”, apunta Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca y secretario de Estado de Universidades e Investigación durante la anterior legislatura. Quintanilla considera que la ley da respuestas a los cambios que se han producido en el sistema desde la entrada en vigor de la última ley de la ciencia, hace 22 años, destacando “la flexibilización de los OPI y sus relaciones con las empresas, generalizando para todos los organismos públicos lo que ya se aplica a las universidades”. El catedrático considera, “como crítica”, que a la ley puede faltarle ambición por no hablar de la participación de la sociedad en el seguimiento del desarrollo científico. “Existe la oportunidad de abrir nuevas vías a la participación de la sociedad en el control de la ciencia”.

 
Suturar la brecha entre investigación e innovación

El borrador indica que, en lo relativo a contratos de sociedad, de colaboración, de prestación de servicios y de transferencia de resultados, la regulación aplicable a los centros de investigación dependientes del Estado se circunscribirá al derecho privado. Fuentes cercanas al grupo de expertos que ha elaborado el borrador indican que la intención de esta medida es reducir la brecha existente entre el buen desempeño de España en el ámbito de la investigación, en el que según sus indicadores ocupa el décimo puesto mundial, y el de la innovación, en la que se desciende hasta el vigésimo séptimo. Se emplearían las herramientas legales existentes ya en el derecho privado para transmitir el conocimiento desde el ámbito público, que produce un 70%, al privado, que es el que impulsa la innovación.

Publicación en abierto de los resultados científicos

El borrador de la norma establece la obligatoriedad de publicar en acceso abierto los textos que hayan sido aceptados para publicación en revistas científicas siempre que estos hayan sido financiados con fondos públicos provenientes de la Administración General del Estado. Este mismo capítulo anima además a las administraciones públicas a fomentar la cultura científica y tecnológica para hacer partícipe a la sociedad del cambio de modelo productivo.

Dos agentes de financiación

Sobre financiación, el documento contempla la existencia de dos agentes de financiación con los que el Estado pretende llevar a cabo sus políticas. El primero, la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, es de nueva creación y estará orientado, prioritariamente, a la financiación de la investigación científica. El segundo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ya existe y está orientado hacia la financiación de la investigación técnica.

Reorganización de los actuales opi

La disposición adicional octava del borrador de la nueva ley de la ciencia autorizaría al Gobierno a realizar una reorganización de los actuales Organismos Públicos de Investigación (OPI) a través de la creación de nuevas Agencias Estatales.

Un consejo para controlarlos a todos

El Consejo de Política Científica y Tecnológica sería el órgano encargado de la coordinación general y está formado por representantes de la Administración central y de las autonomías. Presidido por la ministra de Ciencia e Innovación, tendrá como función principal aprobar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Este órgano será además el responsable de coordinar actuaciones de innovación tecnológica entre las comunidades.