El Gobierno 'no contempla una regulación proactiva' para que buscadores como Goo-gle costeen parte de la infraestructura de red, tal y como ha planteado el presidente de Telefónica, César Alierta. Así lo expresó el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, que inauguró ayer, dentro de los actos de la presidencia española de la UE, el V Foro Ministerial entre la Unión Europea y América Latina, organizado por la Comisión Europea y CEPAL.

Esta respuesta contrasta con las declaraciones realizadas por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que aseguraba a finales del mes pasado en Bruselas que cobrar a los buscadores era 'una opción que hay que estudiar'. Fuentes del Gobierno español explicaban entonces que Google y otras empresas debían pagar 'un poco de todo lo que ganan ocupando un ancho de banda que no se puede utilizar para otra cosa' y que lo plasmarían en una declaración.

Impedir 'abusos'

El Gobierno asegura ahora que no contempla impulsar una legislación comunitaria sobre la denominada tasa Google. Ros explicó que los países deben mantenerse activos en la observación de las relaciones existentes entre operadoras, buscadores y generadores de contenido para ver si se producen 'situaciones de abuso' ante las que la regulación tendría que intervenir.

Se calcula que Google controla en torno a un 70% de la publicidad on-line, y su buscador supera el 90% de cuota de mercado en España. Pero Ros matizó: 'Hay empresas que han tenido una visión antes que otras sobre qué productos podían ser de utilidad para los usuarios'. El director general de Sociedad de la Información de la CE, Fabio Colasanti, que también asistió al evento, especificó que Goo-gle, Microsoft o Yahoo 'ya pagan por estar en Internet', en referencia a la utilización de los servidores que necesitan. Colasanti matizó que la regulación que ya existe en Europa permite que estas empresas paguen a las operadoras siempre que ello 'no afecte a la competencia'. La Comisión, como explicó Colasanti, será la encargada de revisar si se pueden permitir este tipo de 'acuerdos preferenciales'. La situación inviable se produciría si unas compañías acceden a contribuir con el coste de la infraestructura de red y esto les otorga una situación de privilegio.

El V Foro Ministerial entre la UE y América Latina tendrá como resultado una declaración que contempla, entre otros aspectos, una regulación dinámica para impulsar la innovación, la eclosión de los contenidos en la Red y el acceso universal a la banda ancha. Colasanti detalló en el foro que 'tendría lógica que los estados cubriesen en parte el coste' del despliegue de banda ancha en las zonas rurales.