Primero fueron los internautas y ahora son las empresas tecnológicas las que presentan un recurso contra el decreto de la llamada ley Sinde ante el Tribunal Supremo. Mantienen que su entrada en vigor (empezará a aplicarse el 1 de marzo) dañaría al sector digital español, dificultando la recuperación económica. También sostienen que afectará a los derechos fundamentales de los españoles. Y ello sin conseguir el objetivo inicial de la norma: la reducción de la llamada piratería de la cultura en la red.

La Red de Empresas de Internet (REI) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) presentaron el viernes pasado y conocido ayer un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que desarrolla la llamada ley Sinde, en particular, regulando el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual que podrá cerrar páginas que este órgano considere que vulneran los derechos de autor. Este recurso se une al que presentó la Asociación de Internautas (AI) a comienzos de mes y que fue aceptado por el alto tribunal.

Como en el caso de la AI, uno de los elementos clave de este recurso es que la norma hurta competencias a los jueces. Según el escrito, REI y Adigital interpretan que la actual redacción del Reglamento dota a la Administración de un mecanismo para suspender o cerrar una web o retirar contenidos sin intervención de ningún órgano judicial, vulnerando así, entre otros, la tutela judicial consagrada en la Constitución o la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Asimismo, aseguran que el texto se extralimita respecto al mandato que hizo el Parlamento en la Ley de Economía Sostenible.

Pero estas asociaciones, que representan a más de 500 empresas, ponen también el foco en lo económico. Ambas organizaciones han solicitado como medida cautelar la suspensión del capítulo VII del reglamento, que recoge como será el procedimiento por el que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá cerrar las páginas web. Consideran que su entrada en vigor causaría un grave daño al desarrollo de empresas e iniciativas de base tecnológica o digital en España, debido a la gran inseguridad jurídica que genera y a los riesgos que tendrían que asumir con la aprobación de esta normativa.

Mario Tascón, presidente de REI, ha afirmado que 'además de resaltar los peligros que esta ley conlleva para la libertad de expresión, hemos querido incidir en la inseguridad jurídica que se deriva de esta norma para las compañías que hacemos nuevos desarrollos en internet, redes sociales y telefonía móvil'.

Para estas asociaciones el precio a pagar en derechos y economía es demasiado alto por un bien, la protección de la propiedad intelectual, que, consideran, el reglamento no va a mejorar.