La Comisión Constitucional del Congreso tiene previsto debatir este jueves una proposición no de ley en la que pide poner coto a los mapas que son accesibles en Internet para proteger la seguridad del Estado frente a posibles actos terroristas. Se trata de una iniciativa  en la que los populares explican que estas tecnologías, aunque son 'muy útiles' para la sociedad, por ejemplo en el uso de los GPS del coche, pueden utilizarse igualmente con fines no deseables.

Así, señala que la cartografía por satélite disponible a través de Internet proporciona una información de enclaves e instalaciones sensibles, no sólo militares, que podría poner en riesgo la seguridad nacional y el mantenimiento de la estabilidad internacional.

Por ejemplo, indica que algunos grupos terroristas han reconocido públicamente el uso de tales herramientas para la elaboración de sus ataques, mostrando el límite del uso indebido de estas tecnologías. 'Es obvio que el terrorismo no existe por culpa de estas nuevas formas de acceso a la información cartográfica, pero sí pueden facilitar la comisión de actos terroristas si no se protege debidamente la difusión de estos datos sobre instalaciones sensibles', argumenta el Grupo Popular.

Igualmente, lamenta que este tipo de información está localizada en bancos de datos situados fuera de las fronteras españolas y no existe legislación internacional o acuerdos referentes a la difusión por empresas privadas de información relevante para la seguridad nacional.

En su opinión, tales dificultades no pueden impedir que se adopten determinadas medidas y, de hecho, destaca que existen iniciativas que propician que zonas determinadas designadas como 'sensibles' para la Seguridad Nacional aparezcan pixeladas o difuminadas siendo 'imposible' extraer información útil de ellas.

Por todo ello, ha registrado esta iniciativa en la que solicita al Gobierno la elaboración de un estudio sobre los efectos, como fuente de información abierta, de los sistemas de cartografiado disponibles a través de los medios telemáticos. De la misma manera quiere que el Ejecutivo realice un estudio sobre el grado de información que se puede obtener a través de estos medios de instalaciones de interés para la seguridad nacional, además de que desarrolle un listado exhaustivo de aquellas instalaciones civiles y militares que pueden considerarse de interés para la seguridad nacional.

Finalmente, propone al Gobierno que tome las medidas oportunas, incluyendo la promoción de acuerdos bilaterales o a través de organizaciones internacionales, así como con empresas civiles nacionales o internacionales, para limitar los daños potenciales para la seguridad nacional.