Desahucios y poder popular

Elena Cortés Jiménez Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Miembro del Consejo Andaluz de IU Tal día como ayer hace un año, el 18 de diciembre de 2013, el Gobierno de España presentaba ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz apenas tres meses antes. Mariano Rajoy se apoyaba para hacerlo en una prerrogativa presidencial, establecida en el artículo 161.2 de la Constitución, según la cual el jefe del Ejecutivo puede recurrir normas de rango autonómico si considera que invaden su ámbito competencial, quedando suspendidos los artículos impugnados de forma automática y sin que el Tribunal entre al fondo del asunto. El Ejecutivo forzó la suspensión de los artículos que permitían al Gobierno andaluz hacer uso de sus competencias exclusivas para combatir dos fenómenos social y económicamente inaceptables, haz y envés de la misma lógica criminal aplicada por el