Los archivos españoles en la querella argentina contra el franquismo
Documentalista. Experta en Comunicación sobre la Memoria Histórica y Derechos Humanos La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo es mucho más que un proceso de justicia, tiene un valor muy importante en la recuperación del relato histórico y en la recuperación de una memoria colectiva, hasta ahora relegada por la Transición y la Ley de Memoria Histórica al ámbito privado y al pasado. Como prueba el verdadero nombre de esta Ley: "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”. Obtener reparación y justicia por la dictadura no es una cuestión individual ni prescrita, es clave para resignificar la Historia oficial, que no sólo ha silenciado cada verdad, sino que ha banalizado el franquismo, se ha apropiado del lenguaje y ha determinado la categoría válida de víctima, excluyendo a los sobrevivientes de la dictadura como interlocutores con la administración o po
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Documentalista. Experta en Comunicación sobre la Memoria Histórica y Derechos Humanos
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Obtener reparación y justicia por la dictadura no es una cuestión individual ni prescrita, es clave para resignificar la Historia oficial, que ha silenciado cada verdad y que ha banalizado el franquismo,
Pero la Querella Argentina puede incidir también en las políticas archivísticas, o por lo menos, en la voluntad de archiveros y documentalistas para ser parte indispensable de este proceso. Del 18 al 30 de mayo de 2014 una comisión judicial vino desde Argentina a España en el marco de dicho proceso (el único abierto en el mundo).
La comisión judicial estaba formada por la jueza Maria Servini de Cubría, quien instruye la causa, y el fiscal Ramiro González con sus secretarios judiciales, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de laRepúblicaArgentina.
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En octubre de 2014, la Fiscalía emitió un dictamen de más de trescientos folios, en los que interesaba no sólo la imputación de la mayor parte de las personas que finalmente fueron imputadas por el Auto resolutivo del Juzgado de fecha 30 de octubre de 2014, sino que además interesaba que se practicaran una serie de medidas probatorias entre las que destaco las relativas a la figura de los archivos como garantes en procesos de justicia: