El sociólogo suizo Jean Ziegler y representantes de la sociedad civil colombiana denunciaron hoy las violaciones de los derechos humanos que se cometen en nombre de la producción de biocombustibles.

Durante un conferencia de prensa en Ginebra, donde se celebra la sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ziegler -que actuaba a título personal, a pesar de ser relator de la ONU para la Alimentación- explicó que "los paramilitares asesinan a varios campesinos para forzar a huir al resto de la comunidad y así hacerse con sus terrenos para plantar palma".

En ese sentido, el representante de una de las organizaciones campesinas de Colombia, Hidalgo Hurtado, dijo que en los últimos tres meses, se han registrado 101 asesinatos en Tumaco (suroeste), "muchos de ellos, cometidos con armas de fuego y la mayoría de los muertos eran campesinos con terrenos donde ahora se cultiva palma".

Las ONG sostienen que la pérdida de territorio amenaza la soberanía alimentaria de las comunidades rurales y del conjunto del país, al tiempo que la producción de biocombustibles ha provocado el aumento de los precios de los alimentos elaborados con las mismas materias primas.

Pero Diego Cardona, miembro de la ONG Censat Agua Viva, considera que también se violan "los derechos políticos, económicos, culturales y sociales, pero sobretodo del derecho al territorio, la principal amenaza ya que expone a las comunidades a una mayor vulnerabilidad".

La producción de biofuel, según Hurtado y Cardona, favorece la desaparición de culturas ancestrales, la tala de árboles y la pérdida de flora y fauna, la contaminación de los ríos y el empobrecimiento del suelo por el uso de productos químicos, así como pésimas condiciones laborales de los agricultores.

Sin embargo, el gobierno prevé dedicar seis millones de hectáreas al cultivo de palma "en ecosistemas protegidos, selvas y terrenos de negros e indígenas, que tienen reconocidos su derecho de propiedad", apuntó Cardona.

Hurtado se mostró muy preocupado por el plan que prevé plantar seis millones de hectáreas de palma por todo el país y se preguntó que sucedería si el proyecto sigue adelante, pues "350.000 hectáreas de palma han causado 3,8 millones de desplazamientos".

Por otra parte, Cardona señaló que la mayoría del aceite de palma que se exporta se envía a puertos de Reino Unido, Alemania y Holanda y desde allí, ya refinado, es exportado a una cincuentena de países.

"La Unión Europea utiliza la certificación para garantizar la sostenibilidad de la producción", un mecanismo que calificó de ineficaz porque "no garantiza el final de la violación de los derechos humanos", agregó.

Además, el gobierno subvenciona el uso de etanol para poder desmovilizar petróleo y así exportarlo, aseguró el representante de Censat Agua Viva.