El primer ministro de Perú, Yehude Simon, pidió hoy "un millón de veces perdón" por los violentos sucesos que el pasado 5 de junio causaron la muerte de al menos 34 personas y anunció la creación de una comisión investigadora.

"Yo pido un millón de veces perdón. Al margen de si uno es responsable o no, pero como premier tengo que pedir perdón", afirmó Simon a su llegada a Lima tras mantener una reunión con los líderes de las comunidades indígenas que protestan en la región de Junín (centro) contra una serie de decretos legislativos.

"Este gabinete no tiene manchadas las manos de sangre y habrá una comisión que hará una investigación seria que buscará responsables de todas las muertes", afirmó Simon.

Lo que no aclaró es si esta comisión es la misma que hoy aprobó conformar el Congreso y que, formada por cinco miembros, tendrá 120 días para intentar aclarar cómo se desarrollaron los enfrentamientos en Bagua (Amazonía peruana) y sobre quiénes debe recaer la responsabilidad de las muertes.

El pasado 5 de junio, la Policía inició una operación para desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, en la selva norte del país, cuyo bloqueo por parte de los indígenas había provocado el desabastecimiento de las principales ciudades de la región.

Aunque todavía no está claro cómo se desarrolló el operativo, lo cierto es que degeneró en duros enfrentamientos en los que hubo fallecidos y un gran número de heridos.

Precisamente, Simon explicó que el objetivo actual del Gobierno es "no volver a cometer los mismos errores" y demostrar a los grupo indígenas que el Ejecutivo tiene en cuenta los intereses de la amazonía.

"Se ha demostrado ahora que somos capaces de sentarnos y ver las medidas juntos", señaló el primer ministro en relación al Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que se instalará mañana en Lima, y en el que coincidirán el Ejecutivo y los líderes indígenas y regionales.

Los grupos indígenas insisten en la derogatoria definitiva de una serie de decretos conocidos como las "leyes de la selva" y que consideran dañinos a sus intereses.

Dos de estos decretos, el 1090 y el 1064, fueron suspendidos indefinidamente la semana pasada por el Congreso, mientras se estudian las modificaciones a la nueva legislación, y para evitar un vacío legal se repuso la anterior ley forestal.

Según el Gobierno, el primero de ellos busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mientras que el segundo promueve la inversión privada en el sector agrario.

El decreto 1064 establece, además, que las tierras de uso agrario quedan sujetas a la servidumbre del paso de oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

Hoy mismo, Simon dijo que mañana pedirá al Congreso la derogatoria de esos dos decretos.