La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado hoy que el decreto relativo a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua cooficial se va a aplicar el próximo curso 'sí o sí', informa Efe. La número dos de Educación también ha resaltado que el Ministerio está 'abierto' a debatir este tema en un grupo de trabajo tal y como han pedido algunas comunidades (al menos Catalunya y Euskadi), pero que se debe constituir con 'celeridad'.

Gomendio ha hecho estas declaraciones al término de la conferencia sectorial a la que no ha asistido la consellera de Educació catalana, Irene Rigau, para mostrar su rechazo al real decreto que aborda la enseñanza del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales. 

Según el proyecto, las familias de las comunidades autónomas con lengua cooficial que quieran que sus hijos estudien en castellano y no vean satisfecho este derecho deberán pagar por adelantado los costes de la matrícula y después reclamarlos debidamente justificados al Ministerio que dirige José Ignacio Wert. 

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, también ha manifestado su oposición al procedimiento administrativo que regulará la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial al considerar que 'invade' competencias. Uriarte ha explicado que, durante la reunión sectorial, ha presentado 'una enmienda' a la disposición que establece que las autonomías con lengua cooficial que no tengan centros públicos o privados con el castellano como lengua vehicular deberán costear un colegio privado a los alumnos que lo pidan.

El Ministerio de Educación tendrá seis meses para resolver las solicitudes de compensación a las familias y deducirá o retendrá de la financiación autonómica los gastos de escolarización en colegios privados de aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano en un centro público. Así lo establece el real decreto por el que se desarrolla la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

El texto regula el procedimiento para solicitar el abono de los costes del centro privado y la documentación requerida para tal fin, en el caso de que la administración educativa autonómica no ofrezca una 'oferta razonable'. Además, advierte de que no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de lengua habitual.

Advierte de que tampoco verá razonables aquellas ofertas de enseñanza en castellano que impliquen la escolarización del alumnado fuera del municipio de su domicilio, sin perjuicio de la posibilidad de escolarización en un municipio próximo al de su residencia. El Ministerio de Educación compensará los costes para la 'eficaz prestación del servicio educativo' —matriculación, escolarización, y gastos complementarios como transporte o comedor, en el caso en que sean necesarios—.

El derecho a esta compensación de los costes tendrá efectos desde el inicio del curso en que se reconozca hasta la finalización de la educación obligatoria. No cita en todo el texto del decreto el caso de Catalunya, pero sí advierte de que los modelos de inmersión lingüística se reconocen con una única limitación: que no excluyan el uso del castellano como lengua vehicular.

Por otra parte, Gomendio ha señalado que también se ha tratado el real decreto sobre los mecanismos de acceso y admisión a las universidades, que se establecen al desaparecer la selectividad para los alumnos que accedan a una carrera en 2017.

La opción de que las universidades fijen pruebas o entrevistas para el acceso de alumnos ha sido valorado por la consejera de Educación extremeña, Trinidad Nogales, que ha dicho que se 'refuerza el proceso de autonomía universitaria'. Parecida opinión ha expresado la consejera aragonesa, Dolores Serrat, que cree que la Lomce 'da espacio a las universidades en materia de admisión'.

Sin embargo, Andalucía, Asturias y Canarias han mostrado su rechazo a este nuevo sistema de acceso. Ya antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación en el Ministerio, los titulares del ramo de Canarias —José Miguel Pérez— y Asturias —Ana González— han explicado a los periodistas sus reservas respecto a este punto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Según Pérez, esta cuestión que figura en el orden del día de la reunión era 'perfectamente aplazable'. 'No hay ninguna prisa, y entendemos que cuando se ponga en marcha tendremos que ponerlo todos al unísono', ha declarado el consejero canario, que ha afirmado que su Gobierno va a apoyar a las universidades en lo que decidan y va a pedir a Wert que 'replantee el calendario'.

González, por su parte, ha criticado que el Ministerio pretenda empezar a instaurar el nuevo modelo de acceso para el próximo curso. 'Ya no es un problema de las tres comunidades no gobernadas por el PP, es que no hay ninguna universidad en todo el territorio que esté de acuerdo con el sistema que quieren imponer', ha añadido. En este sentido, ha defendido un modelo común y único para todo el Estado, porque considera que hacer otra cosa es 'dar un paso más en la quiebra de la igualdad', y ha vuelto a lamentar que el Gobierno haya hecho 'una mala ley', que ha calificado de 'contrarreforma educativa', y 'un peor calendario de aplicación'.