Wert intenta contentar a la oposición con un "escalonamiento" en la implantación de su ley

Ni la huelga del pasado 24 de octubre, ni las incontables manifestaciones de la marea verde, ni la falta de consenso en el Parlamento han conseguido hacer recular al ministro de Educación. José Ignacio Wert ha vuelto a mostrarse firme hoy, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, y ha defendido la reforma educativa impulsada por su departamento. Así, sólo ha cedido mínimamente planteando un posible "escalonamiento" en la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), pero no con respecto a la entrada en vigor de la misma.

"Quiero poner de manifiesto ante esta Comisión la disposición del Ministerio de Educación de entablar, en el marco de la discusión de esta cámara y a través del Grupo Popular, la revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento", ha señalado el ministro. Ello afectará, de llevarse a cabo, no sólo a las fechas de implantación, sino a la financiación de la ley, informa Europa Press. El propio titular de Educación ha señalado que la financiación está "estrechamente" vinculada al calendario de aplicación y que, por tanto, "irá siendo más exigente en la medida en que la puesta en aplicación de la norma vaya teniendo consecuencias".  

Según lo previsto  en la memoria económica que acompaña a la ya conocida como ley Wert, las Comunidades Autónomas tendrán que pagar, como máximo, unos 927 millones de euros en concepto de "costes de consolidación". El Ministerio de Educación, por su parte, pagará 408 millones para implantarla en un plazo de tres años desde su entrada en vigor.  Desde que se conoció este calendario de aplicación, la oposición tuvo un motivo más para protestar en contra de lo que consideran una norma "centralista, partidista, segregadora y elitista". Y es que, además del "elevado coste" de la misma, varios Gobiernos regionales ven difícil poder reformar el sistema en tan poco tiempo.

La Lomce, que está punto de ser aprobada definitivamente, debe entrar en vigor el curso siguiente a la fecha de finalización de su tramitación. Por lo tanto, si el Congreso da luz verde a la ley a finales de este año, las Comunidades apenas disponen de ocho meses para ponerla en marcha en el curso 2014-2015. Pero, pese a las declaraciones de Wert sobre un posible "escalonamiento" de la implantación de la misma, Andalucía, Catalunya y Asturias han reiterado hoy su intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade sus competencias autonómicas.

En una foto simbólica, los responsables de Educación de dichas comunidades, así como los de Canarias y Euskadi -que esperarán al resultado de la tramitación en el Senado para ver la postura que adoptan- recordaron su postura en contra de la Lomce, informa Efe. La titular vasca, Cristina Uriarte, ha subrayado que la norma invade competencias, carece de consenso político y social y los objetivos que busca están superados en el País Vasco. Por su parte, la catalana Irene Rigau ha enfatizado que la reforma educativa rompe las "competencias compartidas" que estaban establecidas desde hace 32 años y ha criticado que el catalán deje de ser una asignatura troncal con la Lomce. Además, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad de Canarias, José Miguel Pérez, también ha recalcado que el PP quiere convertir la educación en "un negocio" y ha anunciado que en su comunidad se hará lo necesario "para aplicarla lo menos posible".

El andaluz Luciano Alonso, por su parte, ha enfatizado que recurrirá la ley ante el TC porque "rompe el principio de igualdad y el de subsidiariedad" y  ha insistido en que la norma rompe "el consenso de los grupos parlamentarios" e "impone unas evaluaciones a los niños, y algunos tendrán que cambiar su itinerario educativo.  La consejera asturiana también se ha manifestado en esa misma línea. Ana González, ha dicho que hoy venía al Senado "en respuesta" a la huelga del pasado día 24, que fue secundada por el 90 % de las familias asturianas que consideran que la Lomce "atenta contra la igualdad y expulsa a los niños de las aulas".

Ya dentro del Senado, varios grupos insistieron frente a la ministro Wert y su número dos, Montserrat Gomendio, en la inconstitucionalidad de la Lomce. El PSOE, la Entesa, el PNV, CiU, Grupo Mixto han descartado la posibilidad de un acuerdo en torno a dicha reforma educativa porque consideran que su redactado actual invade competencias autonómicas. Así lo han defendido mediante la presentación de votos particulares al informe de la ponencia, elaborado por el PP, según el cual la reforma es compatible con el marco competencial de las comunidades.

El Grupo Popular en el Senado estudia incluir en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que la asignatura de Religión católica sea también de oferta obligatoria en Bachillerato e Infantil, como lo es en Primaria y ESO, respondiendo así a los Acuerdos Iglesia-Estado en esta materia. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, que han señalado que se trata de una propuesta que será previsiblemente introducida a través de una enmienda parcial al texto normativo. El plazo de presentación de estas enmiendas finaliza el próximo jueves 31 de octubre.

De esta forma, los conservadores de la Cámara alta pretenden enmendar el "error técnico" del Ministerio de Educación al no incluir esta materia como oferta obligatoria y de elección voluntaria en Bachillerato, un hecho que fue denunciado por la Conferencia Episcopal, y que el PP en el Congreso no solventó.

En el proyecto de la Lomce, la enseñanza de Religión sólo es de obligada oferta y elección voluntaria en Primaria y en Bachillerato, de manera que la nota en esta asignatura para estudiantes que la cursen contará para la media del curso y, por tanto, para el acceso a becas. En la normativa vigente (LOE, 2006), la enseñanza de la Religión católica se incluye como área o materia de oferta obligatoria en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO, pero no en Bachillerato.

El portavoz de la Iglesia española, Juan Antonio Martínez Camino, puso de manifiesto el pasado mes de septiembre la decepción de la Iglesia ante la ausencia en el proyecto de la Lomce de la oferta preceptiva de Religión en estas etapas, alertando de que el Gobierno incumplía así el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. Este portavoz también dijo que los padres y los alumnos tienen derecho constitucional a elegir la educación en Religión y moral católica en el colegio y, si no se les permite elegir, se lesiona ese derecho fundamental que ejercen, según recordó, el 70% de los padres españoles. 

Otra de las incorporaciones que estudian los conservadores a la Lomce en la evaluación del final de Primaria el examen de conocimientos en ciencias sociales --Geografía e Historia--, y no sólo de competencias en comunicación lingüística, matemática y ciencia y tecnología.