Los cuatro votos particulares que se opusieron al archivo de la causa contra Israel en la Audiencia Nacional por un ataque en Gaza advierten que la decisión propicia la 'impunidad' en uno de 'los crímenes más graves de derecho internacional'. El documento, firmado por los magistrados Manuela Fernández, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel, servirá de base para el recurso de casación que presentarán los querellantes en los próximos días.

En un auto del 9 de julio, la Audiencia Nacional ordenó el archivo de la causa que instruía el juez Fernando Andreu referente a un ataque en la franja de Gaza en 2002. La acción, dirigida contra un dirigente de Hamás, causó la muerte de otras 14 personas y 150 heridos. La apertura de diligencias provocó una queja formal de Israel y la promesa por parte del Gobierno español de limitar el ejercicio de la jurisdicción universal, una reforma ya aprobada en el Congreso y pendiente sólo de su ratificación en el Senado.

El auto del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia, respaldado por 14 de los 18 magistrados y difundido ayer, asume que Israel ha emprendido 'una verdadera y real actuación' para aclarar los hechos, lo que desaconsejaría su investigación en España. Asimismo, recalca que los querellantes 'han gozado en Israel de los derechos de alegación, acreditación e impugnación legalmente previstos', pasando por alto que los ciudadanos de Gaza tienen vedado el acceso mismo a Israel.

Los magistrados escriben que 'poner en duda la imparcialidad' de las instituciones israelíes 'supone ignorar la evidencia de la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, cuyos integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial cuestionados se hallan sujetos al imperio de la Ley'. Sin embargo, en el fallo se admite que Gaza no es exactamente Israel, lo cual supone un reconocimiento implícito de la existencia de Palestina: 'El delito, de existir, se comete tanto donde se origina y desarrolla la acción (Israel) como donde se produce el resultado (Gaza)'.

Los votos particulares, en cambio, consideran que en realidad lo sucedido 'no está siendo investigado ni sus autores perseguidos', pese a tratarse de presuntos crímenes de guerra. Por tanto, agregan, 'no existe obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción en España en virtud del principio de competencia universal, al tratarse de los más graves crímenes internacionales, cometidos en este caso contra personas y bienes protegidos en caso de conflictos armados'.

En opinión de la minoría, los hechos denunciados entrarían dentro de la categoría de 'crímenes de Estado, en su peor acepción'.