Cuando se cumplen 75 años del golpe de estado militar que condujo a la Guerra Civil y al largo periodo del franquismo, las asociaciones que trabajan por recuperar la memoria de las víctimas lamentan la ausencia de políticas públicas que reparen las 'violaciones de derechos humanos' cometidas en aquellos años. 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) critica que el Estado carezca de 'voluntad política' desde la Transición para reparar los derechos de las personas que padecieron todo tipo de represalias durante la dictadura militar de Francisco Franco. 

El colectivo que preside Emilio Silva, nieto de un fusilado en octubre de 1936, evidencia que 'mientras se persigue el enaltecimiento de algunas violencias', se 'consiente' la existencia de la Fundación Francisco Franco o el Arco de la Victoria en Madrid, que conmemora la victoria de los sublevados. Para la ARMH esto responde a una forma de culpabilizar a las víctimas y de darles un 'trato degradante por parte de algunos partidos'. 

'Ningún presidente del Gobierno español ha hecho un acto público, dentro del territorio del Estado, con quienes padecieron la peor violencia que se ha conocido en nuestra historia', recuerda la asociación que lleva más de diez años localizando fosas comunes y dando sepultura digna a las víctimas. 

La ARMH lamenta el 'trato degradante por parte de algunos partidos'

'Es incomprensible que todavía el Estado democrático no se haya responsabilizado de reparar los terribles daños que generó la dictadura y no haya garantizado los derechos a quienes los han padecido', indican sobre la labor que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado a las asociaciones de víctimas, a quienes otorga una subvención para que localicen y recuperen por sí mismas los restos de sus familiares. 

Hacia la responsabilidad del Gobierno también apunta Arturo Peinado, de la Federación de Foros por la Memoria, quien, en una fecha como la de hoy, reivindica los dos elementos 'que la ley de memoria histórica no resuelve'. El primero de ellos tiene que ver con la localización y exhumación de los cuerpos que continúan en enterramientos ilegales. 'España es el segundo país del mundo, tras la Camboya de Pol Pot, en número de desaparecidos en fosas', señala Peinado sobre la función que, a juicio de su asociación, 'debería hacer el Estado'. 

El segundo elemento tiene que ver con la anulación de las sentencias, 'tal y como se ha hecho en países como Alemania, donde no ha pasado nada por ello'. 

La transición a la democracia tras la muerte de Franco fue un momento que, para la ARMH, supuso la consolidación de los privilegios sociales y patrimoniales de los dirigentes del régimen, así como el asentamiento de un modo 'maquillado' de concebir lo que fue la dictadura.

'Las familias de los 113.000 desaparecidos que aún yacen en fosas comunes tienen que soportar públicamente cómo hay quien justifica el franquismo, el golpe de Estado de 1936 y la necesidad de que alguien 'pusiera orden' asesinando a decenas de miles de civiles', señalan. 

'España es el segundo país del mundo, tras la Camboya de Pol Pot, en número de fosas'

Respecto a la 'equidistancia' en el grado de violencia utilizado durante la Guerra Civil, el colectivo que comenzó su andadura con la exhumación de la primera fosa común con técnicas forenses , defiende que la violencia franquista 'no fue defensiva' ni buscaba 'el orden ni el bien común', ya que fue fue 'infinitamente superior' en la contienda. Este extremo es algo que, según explica la ARMH, lo ilustró el dictador al término de la guerra con la publicación de una ley el 23 de septiembre de 1939. 

Dicha norma determinó la impunidad de los delitos que se hubieran producido contra la Segunda República desde su proclamación, el 14 de abril de 1931. Se trató de una amnistía para delitos 'contra la constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones'.

'La represión en zona franquista fue planificada, prevista y organizada desde un primer momento'

Arturo Peinado defiende, en la misma línea que la ARMH, la 'diferencia fundamental' que existe en la violencia que se dio a ambos lados del frente de batalla. 'La represión en zona republicana fue desorganizada y espontánea y se prolongó durante los primeros meses de la contienda'. Peinado explica que cuando el Gobierno republicano tomó el control, esa violencia dejó de darse y los tribunales juzgaron estos episodios como 'asesinatos comunes'. 

'La represión en zona franquista, en cambio, fue planificada, prevista y organizada desde un primer momento'. 'Por eso se habla de crímenes contra la humanidad', añade. 

La ARMH lamenta que el pleno de Congreso de los Diputados no haya condenado hoy 'el uso de la fuerza y de la violencia con la que los franquistas impusieron un cambio de identidad colectiva'. 

 'Se trata de otro síntoma más de que las víctimas siguen marginadas por el Estado y, hasta que no haya reparación, tendrán que seguir construyendo autoverdad, autojusticia y autorreparación'. 

Esta falta de condena explícita hacia el franquismo la explica Peinado en una 'vinculación de la derecha española con el franquismo'. 'La derecha en España no es antifascista como sí lo es la alemana o la francesa', de ahí que gobiernos conservadores de esos países 'hayan aprobado ayudas para las víctimas del exterminio nazi', señala la asociación de Foros por la Memoria.