Las víctimas del Yak-42 temen que no se juzguen los contratos irregulares

Con "estupor, sorpresa y vergüenza". Con una mezcla de esos sentimientos encajaron ayer los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 la posibilidad de que finalmente no sean juzgados los responsables de los contratos supuestamente irregulares del aparato que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003. No entienden que, tras ocho años de instrucción, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se incline ahora por archivar la causa, tal y como adelantó este diario en su edición de ayer.

El presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, recordó que durante la instrucción se constataron "las quejas escritas" de los militares denunciando la "falta de seguridad" de los vuelos que trasladaban a efectivos españoles a Afganistán, así como los informes de la inteligencia militar denunciando graves riesgos en los mismos. Citó, además, las declaraciones donde "se evidencia" que las quejas llegaron al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

En una nota, el representante de las familias recordó que las víctimas llevan esos ocho años "gritando de indignación" por la "injusticia" que supone que las autoridades del anterior Gobierno del PP "no velaran" por la seguridad de sus familiares. Sobre todo después de que los militares hubieran confesado su miedo a viajar en aviones como el accidentado Yakolev antes de que ocurriera el fatal siniestro, en mayo de 2003.

Las familias insisten en el texto en que "los que debieron velar y ejercer de garantes de la seguridad" de quienes viajaron a Afganistán en misión de paz "omitieron su responsabilidad aún conociendo de buen seguro las quejas y denuncias de estos vuelos".

Por todo ello, que el representante del Ministerio Público, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, haya presentado un informe pidiendo el archivo de la causa al fiscal jefe, Javier Zaragoza, supone "generar injusticia e indignación" de cara a toda la sociedad. Será Zaragoza el que tenga la última palabra al respecto.

Los familiares que ejercen la acusación en el caso de manera individual llamaron la atención en el hecho de que el "cambio de parecer" de la Fiscalía se produzca el mismo día en el que España cambia de Gobierno. "Es demoledor con la memoria de los ausentes", lamentaron. Y denunciaron que el color del Ejecutivo ha condicionado también en el pasado el curso de la investigación del caso.

El 31 de octubre de 2003, apuntaron, en los últimos meses del Gobierno de José María Aznar, la Fiscalía se opuso a la admisión a trámite de la denuncia interpuesta contra la actuación de los funcionarios de Defensa. Añadieron, asimismo, que una vez que los socialistas llegaron al poder, el fiscal cambió de opinión y reabrió el caso.

"No vamos a permitir que los 62 militares sean otra vez contrapartida política. Pedimos una justicia imparcial, y no influida por los cambios de Gobierno", reclamaron.