Víctimas del franquismo piden que el juicio a Garzón sea público

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado "publicidad" y "transparencia" en el inminente juicio que se seguirá contra Baltasar Garzón por haberse declarado competente en investigar los crímenes del franquismo. El magistrado, suspendido en funciones desde mayo del año pasado, fue acusado de prevaricación por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, denuncia a la que se unió posteriormente Falange Española.

El Supremo aún no ha fijado la fecha del juicio en el que declararán como testigos algunos de los familiares y asociaciones de víctimas que presentaron la denuncia ante Garzón para que investigara estos delitos. Aún así, la ARMH ha solicitado en un escrito dirigido a Carlos Dívar, presidente del Supremo, la retransmisión del juicio "para conocer" las intenciones del Alto Tribunal, según ha explicado Emilio Silva, el presidente de la asociación que lleva diez años localizando, exhumando e identificando víctimas del franquismo. 

Una sentencia del Supremo de 2005 falló a favor de la publicidad de las sesiones 

El colectivo que preside Silva tiene la intención de emitir el juicio a través de su web u "otros soportes", y se ampara en que "es un derecho de la opinión pública acceder a las sesiones". Argumenta que la transparencia de los procesos "es un deber por parte de los poderes del Estado" y que, en el caso del juicio a Garzón, habrá un amplio interés público "nacional e internacional". 

En la misiva, registrada el pasado 27 de enero y de la que Silva espera contestación, la ARMH añade: "Somos un colectivo compuesto en su mayoría por familiares de afectados por las violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista y tenemos una implicación directa en este juicio".

Como antecedente jurídico, recuerdan que, en 2005, el Tribunal Constitucional falló a favor de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y de la Asociación de Fotoperiodistas y Reporteros de la Comunidad de Madrid en un recurso interpuesto por esos colectivos para dar mayor cobertura a los procesos judiciales.

La sentencia 159/2005 establece que el régimen general que prohíbe —con algunas reservas— el acceso de cámaras a los procedimientos judiciales, es incompatible con las normas que regulan el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de información.  

El Tribunal Supremo paralizó el pasado 14 de enero la causa abierta contra Garzón hasta que se resuelvan las recusaciones que presentó el magistrado contra cinco de los siete  jueces del Alto Tribunal que se encargarán de juzgarle, un paso que ha contado con el respaldo de la Fiscalía. 

Además del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del caso Gürtel y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander, a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.