La vicepresidenta llama defraudadores a medio millón de parados que sólo cometieron faltas administrativas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que más de medio millón de parados han cometido fraude en el último año y medio en el cobro de la prestación por desempleo.

Concretamente, al presentar el balance de la lucha contra el fraude, y en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Ejecutivo ha detectado 520.572 parados cobrando indebidamente la prestación. La número dos del Gobierno ha dado a entender, incluso, que esos desempleados habrían compatibilizado el cobro de la prestación con otro trabajo en negro.

Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta ha esgrimido en varias ocasiones la cifra del medio millón de desempleados a los que se les habría retirado la prestación para subrayar la eficacia de las medidas que habría puesto el Gobierno para luchar contra el fraude en el seguro del paro, que, según ha destacado,  han generado al Estado un ahorro superior a los 3.000 millones de euros (en concreto, 3.161 millones). Más aún, ha sido al hilo de esta cifra cuando la número dos del Ejecutivo ha anunciado una reforma de la ley para endurecer las sanciones a los parados que rechacen las ofertas de empleo que les ofrezcan los servicios públicos de colocación.

Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha metido en el mismo saco a parados que han cometido alguna falta administrativa (que les ha supuesto en algún momento la suspensión temporal de la prestación) y a los que han cometido de verdad fraude en el cobro de la prestación. Los datos que ha proporcionado luego la propia Presidencia del Gobierno, y los que ha venido ofreciendo en los últimos meses el Ministerio de Empleo, matizan notablemente las estadísticas que ha esgrimido la vicepresidenta durante la rueda de prensa.

Según la nota oficial facilitada tras la rueda de prensa, durante el año y medio de funcionamiento de las medidas contra el fraude "se han realizado en ese período más de dos millones y medio de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo". Y la mayoría de esas sanciones han sido por el incumplimiento de requisitos administrativos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones,  o la no renovación de demanda de empleo. Según el Gobierno, la mayor parte de las sanciones han supuesto la suspensión temporal, de uno a seis meses, del cobro de la prestación.

Sólo en una décima parte de los casos se ha producido una retirada definitiva de la prestación. Exactamente, según la información difundida por la ministra de Empleo, Fátima Báñez el pasado agosto, entre enero y junio de 2013 "se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios" (en el primer semestre de 2012 se retiró la prestación a 52.269). Y muchos menos son los desempleados que cobraban el segundo del paro y a la vez trabajaban en la economía sumergida. Según los datos de agosto de Empleo, entre enero y junio se descubrieron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente (frente a los 4.526 del año anterior).

A raíz de las declaraciones de la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el  PSOE ha exigido que se disculpe inmediatamente con los parados a los que ha acusado de defraudadores y ha anunciado que solicitará su comparecencia urgente en el Congreso para que lo explique. El diputados socialista Pedro Sánchez ha criticado la "frivolidad, insensatez e insensibilidad" de la vicepresidenta, "que cree que debería estar pidiendo perdón por una acusación tan grave".

En opinión del diputado del Grupo Socialista, es muy grave que el Gobierno utilice los datos "de manera falsa" para trasmitir a la opinión pública que los desempleados son unos defraudadores. A su juicio, es una "frivolidad" que el Gobierno "se permita el lujo de atacar a aquellos que más están sufriendo las políticas de recorte, que son los desempleados". "Ni los trabajadores están viendo aumentado su sueldo ni los parados son defraudadores", ha subrayado y ha añadido que si la vicepresidenta quiere perseguir fraudes "no se tiene que ir más lejos de Génova y preguntar allí cuántos dirigentes del PP han cobrado sobresueldos".