Un juez federal de Manhattan desestimó el miércoles una demanda del grupo de medios Viacom por 1.000 millones de dólares contra Google, al que acusaba de publicar sin permiso vídeos con derechos de autor en su servicio por Internet YouTube.

Viacom afirmaba que "decenas de miles de vídeos en YouTube, que resultaron en cientos de millones de visitas", tenían derechos de autor, y que los acusados lo sabían y no hicieron nada para interrumpir las descargas ilegales.

Sin embargo, en un fallo de 30 páginas, el juez estadounidense de distrito Louis Stanton dijo que sería inapropiado afirmar que Google y YouTube eran responsables ante la ley federal de derechos de autor por simplemente tener una "noción general" de que los vídeos podrían haber sido publicados ilegalmente.

Viacom dijo que planeaba apelar la decisión. La empresa, que tiene su sede en Nueva York, está controlada por Sumner Redstone y posee cadenas de cable como MTV y Comedy Central así como el estudio de películas Paramount.

"Estos asuntos son realmente importantes para los creadores de contenido, para proteger su propiedad intelectual contra el uso de los intermediarios en Internet", dijo Laura Martin, una analista de Needham & Co.

"Esto es realmente importante para que los creadores de contenido reciban su pago. Este es el principio, no el final", añadió.

Kent Walker, abogado principal de Google, escribió en el blog de la empresa que el fallo era "una victoria importante no sólo para nosotros, sino para los miles de millones de personas de todo el mundo que usan Internet para comunicarse y compartir sus experiencias".

La demanda ataca el corazón de lo que tal vez es el asunto más importante al que se enfrentan las empresas de medios desde la última década: cómo atraer a los internautas sin ceder el control de los programas de televisión, películas y música.

Google y YouTube argumentaron que estaban protegidos por una "salvaguarda" de la ley de derechos de autor, según la cual no tenían información suficiente sobre las supuestas infracciones.

Stanton coincidió y dijo que "contravendría la estructura y operación" de la ley "imponer a los proveedores de servicios la responsabilidad de descubrir cuáles de las publicaciones de sus usuarios infringen los derechos de autor".

El juez ordenó a las partes presentar un informe el 14 de julio para incorporar cualquier asunto pendiente en el caso.