Por Phil Stewart

La condena en Italia a 23 antiguos agentes de la CIA por el secuestro de un clérigo musulmán supone un desafío para los planes de la Administración Obama de mantener las denominadas "entregas extraordinarias" como una opción para capturar a los sospechosos de terrorismo.

La sentencia también expone los límites a la capacidad de Washington para proteger a sus agentes de un procesamiento en el extranjero, incluso en países considerados aliados estrechos de EEUU.

"El hecho de que EEUU declare legales las entregas no las hace legales en el resto del mundo. Las leyes de otros estados cuentan", dijo Robert Ayers, un antiguo agente secreto estadounidense. "Lo que hemos visto en Italia es que los italianos han dicho: secuestrar está mal".

El tribunal italiano resolvió que los estadounidenses, incluido el antiguo jefe de la CIA en Milán y un teniente coronel de la Fuerza Aérea de EEUU en activo, eran culpables de secuestrar a un sospechoso de terrorismo en 2003 y trasladarlo a Egipto para ser interrogado.

Allí, Hassan Mustafa Osama Nasr dijo que fue torturado y detenido durante años sin cargos.

La condena de los estadounidenses, que fueron todos juzgados en rebeldía porque EEUU se negó a extraditarles, les convierte en fugitivos internacionales y pueden ser arrestados en el extranjero. La sentencia sienta también un precedente sobre las "entregadas extraordinarias" y alentará las peticiones de procesos similares en Estados Unidos.

"La decisión de Italia subraya la necesidad de que Estados Unidos ponga los medios para que sus funcionarios respondan por los crímenes cometidos bajo el programa de las 'entregas extraordinarias'", dijo Steven Watt de la Unión de Libertades Civiles de América.

"Es una vergüenza que las primeras condenas de este tipo procedan de un sistema de justicia extranjero, donde probablemente los condenados no van a cumplir al sentencia".

El presidente de EEUU, Barack Obama, no ha descartado seguir con las entregas y el director de la CIA Leon Panetta dijo en una sesión en el Senado a principios de este año que los sospechosos podían aún ser enviados a terceros países para ser interrogados sujeto a garantías de que serían tratados con humanidad.

DECEPCIÓN EN EL PENTÁGONO

Los críticos con el programa dicen que las mismas garantías se hicieron durante la presidencia de George W. Bush. Sin embargo, los casos de entregas anteriores han dado lugar a denuncias de defensores de los derechos humanos por las torturas realizadas a los detenidos mientras estaban en custodia en terceros países.

Nasr, por ejemplo, dijo que "fue colgado como un cordero sacrificado" y sometido a descargas eléctricas y abusos genitales.

Pero el caso italiano se centró en el secuestro de Nasr, no en sus denuncias de tortura. Los tribunales europeos podrían fijarse en el precedente italiano cuando se pronuncian sobre si los futuras traslados extrajudiciales deben contemplarse bajo el mismo prisma.

Al igual que el Departamento de Estado estadounidense, el Pentágono expresó su decepción con el veredicto.

El secretario de prensa del Pentágono Geoff Morrell señaló que el Gobierno italiano compartía el punto de vista de EEUU de que un tratado de la OTAN debería haber protegido al teniente coronel de la Fuerza Aérea Joseph Romano de un juicio fuera de Estados Unidos. Washington había firmado la jurisdicción.

"El ministro italiano de Justicia estaba de acuerdo con nosotros... y, de hecho, pidió al tribunal que respetara nuestro derecho de jurisdicción", dijo Morrell.

El Pentágono reconoció que los intentos anteriores para encontrar "soluciones diplomáticas o jurídicas" habían fracasado. EEUU nunca ha admitido ninguna operación de la CIA para secuestrar a Nasr.

El condenado jefe de la CIA en Milán, Robert Seldon, dijo en una entrevista en un diario italiano publicada en junio que él sólo seguía órdenes y se describió a sí mismo como un soldado de la "guerra contra el terrorismo" de la era Bush.

"No soy culpable. No soy responsable de acatar las órdenes que recibía de mis superiores", declaró al diario Il Giornale.

Las condenas se producen cuando Estados Unidos está debatiendo sobre los duros interrogatorios realizados a los sospechosos de terrorismo que se encontraban bajo custodia del país y si se debe procesar a los funcionarios responsables.

El fiscal general de EEUU, Eric Holder, nombró un fiscal en agosto para determinar si deben presentarse cargos penales contra los interrogadores de la CIA o contra los agentes de seguridad privados por ir más allá de los métodos interrogatorios aprobados.