La Unión Europea (UE) tratará hoy de llegar hoy a un compromiso sobre la nueva legislación que pretende regular las actividades de los gestores de los fondos de inversión alternativos, incluidos los "hedge funds" o fondos de inversión libre, considerados de alto riesgo por su carácter especulativo.

El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), bajo la presidencia de la ministra española del área, Elena Salgado, pretende fijar una "orientación general" sobre la nueva directiva (ley-marco europea), después de un año de discusiones entre los Veintisiete y pese a las reservas del Reino Unido, donde está radicada la mayoría de estos fondos en Europa.

Según fuentes comunitarias, los Veintisiete se encuentran "muy cerca" de definir, por primera vez, un mandato claro que permita a la Presidencia española negociar esta directiva clave con el Parlamento Europeo -el Legislativo-, de manera que pueda aprobarse en primera lectura en julio.

La legislación, propuesta por la Comisión Europea (CE) a raíz de la grave crisis financiera de 2008-2009 ha disparado desde el principio la alarma en el sector del capital-riesgo y capital-inversión que financia a las empresas no cotizadas en Bolsa y a numerosas nuevas empresas innovadoras.

Recientemente ha motivado también una intervención del Gobierno de Estados Unidos que denuncia sus supuestas intenciones "proteccionistas".

La legislación propuesta pretende imponer obligaciones armonizadas en Europa a todas las entidades que se dediquen a la gestión y administración de fondos de inversión alternativos, tal y como han recomendado, por otra parte, el G-20 y el Foro de Estabilidad Financiera.

La UE entiende por "fondos de inversión alternativos" todos aquellos que no están regulados por la directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Se trata de los fondos de inversión libre (hedge funds) y los fondos de capital inversión (private equity), así como los fondos inmobiliarios, los fondos de materias primas, los fondos de infraestructuras y otros tipos de fondos institucionales.

Se calcula que todos estos fondos alternativos gestionan en la actualidad activos por valor de 2 billones de euros.

Las críticas estadounidenses y británicas se dirigen principalmente contra la llamada "cláusula de países terceros".

Sólo se autorizaría a los gestores no europeos a comercializar en la Unión fondos domiciliados en países no miembros de la UE si proporcionan "suficiente información a los inversores y autoridades competentes" europeas y si "existen acuerdos de cooperación adecuados" entre las autoridades de uno y otro lado.

Además, el Reino Unido pretende que baste el reconocimiento por parte de un estado miembro para que el gestor de un fondo pueda operar en todos los demás estados de la UE, lo que proporcionaría "pasaporte" europeo a los radicados en territorios europeos dependientes de Londres como las islas del Canal.

Otros elementos polémicos de la directiva tienen que ver con la posibilidad de eximir a los gestores de fondos por debajo de un determinado umbral de las reglas de remuneración y la posibilidad de utilizar como depositaria del fondo a una entidad de crédito situada en otro estado miembro durante un período transitorio.