La Unión Europea inicia hoy una semana clave para la reforma de la disciplina presupuestaria, en la que quedará al descubierto hasta dónde está dispuesta a llegar para poner freno a los países derrochadores con objeto de evitar nuevas crisis de deuda como la que afectó la Eurozona, la pasada primavera.

En la reunión de este lunes del grupo especial de trabajo integrado por ministros de Finanzas de la UE y representantes de las instituciones europeas, se empezará a conocer el compromiso de los Veintisiete con el endurecimiento de las sanciones a los países con déficit excesivo.

El grupo, liderado por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, intentará desbloquear las negociaciones atascadas desde el pasado 6 de septiembre sobre dos importantes aspectos: el nuevo sistema de sanciones y el papel que debe atribuirse a la deuda de los países en el procedimiento de infracción.

El ímpetu reformador se ha enfriado debido a la ligera mejora de la situación económica y algunos gobiernos como el español han expresado su oposición a que los castigos afecten a los fondos de cohesión, de los que España es la segunda beneficiaria de la UE.

Italia y Bélgica, por su parte, son contrarias a que la deuda pública sea un factor vinculante a la hora de amonestar a los países (hasta ahora sólo lo es el déficit), mientras que Alemania insiste en ir más allá y reformar los Tratados para permitir la suspensión de los derechos de voto a los países infractores.

Sin embargo, fuentes diplomáticas se mostraron optimistas ante la cita de mañana, que será el penúltimo encuentro del grupo antes la cumbre de líderes de octubre, en la que harán entrega de su informe final.

Los avances podrían concretarse en el nuevo sistema de vigilancia de las divergencias de competitividad entre los países (consideradas en el origen de la crisis de la Eurozona), mediante un conjunto de indicadores para detectar cualquier deficiencia en un estado miembro.

La segunda cita clave llegará el miércoles, con la presentación de las propuestas legislativas de la Comisión Europea.

El objetivo de Bruselas es extender el "paraguas de la vigilancia" a todos los capítulos de las políticas económicas, por lo que presentará cinco proyectos de reglamento y una directiva, con la intención de que "haya más control sobre la deuda y el déficit, que haya más sanciones y que se apliquen antes", según fuentes comunitarias.

Entre otras cosas, la CE propondrá que los países del euro que superen el límite de déficit establecido en el 3% del PIB sean castigados con una multa equivalente a alguna décima de su PIB (se baraja el 0,2%), que será bloqueada en un depósito que les será devuelto si corrigen la situación de sus cuentas públicas.

Además, el Ejecutivo comunitario planea similares para los países cuyas cuentas públicas lleven una deriva peligrosa (aunque no hayan superado el límite de déficit) y para los que no hagan los deberes en materia divergencias de competitividad.

Bruselas baraja que las multas sean sustraídas de los fondos europeos de cohesión para evitar la contradicción que supone penalizar económicamente a un país con las cuentas maltrechas.

Bruselas desea además introducir el criterio de la deuda pública en el procedimiento sancionador, creando una suerte de procedimiento por deuda excesiva para los países que superen el límite establecido en el 60% del PIB o que, sin violarlo, hayan aumentado la misma muy rápidamente.

Por otro lado, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ya ha anunciado su deseo de automatizar la aplicación de las sanciones, para que éstas sean la "consecuencia normal de la ruptura de las normas".

Así, Rehn propondrá que, una vez que la Comisión haya dictaminado que un país ha violado la disciplina presupuestaria, sólo pueda evitar el castigo cuando una mayoría de países se oponga a ello el Consejo de ministros.

En principio, Bruselas no propondrá la retirada del voto a los infractores, que desean Alemania y el Banco Central Europeo, pues la reforma de los Tratados llevaría aparejada un retraso general.

Por el mismo motivo, las nuevas sanciones sólo afectarán en principio a los países de la zona euro, ya que la legislación actual ya ofrece un marco para las mismas.

La Comisión es consciente de que sus propuestas levantarán la oposición de varios estados pero considera que responden a los llamamientos al endurecimiento de la disciplina presupuestaria realizados en los últimos meses por muchos de ellos, especialmente Alemania, a raíz de la crisis en Grecia.

Comprobar el efecto que genere la propuesta de Bruselas entre los Veintisiete será posible tan sólo 24 horas después, durante las reuniones de ministros de Finanzas de la zona euro y de la UE, que se celebrarán el jueves y el viernes en Bruselas.