El Tribunal Supremo confirmó ayer el archivo de la queja presentada por el abogado Antonio Panea contra el juez Baltasar Garzón por las remuneraciones que recibió durante su estancia en Nueva York. Dicho así parece que se cierra uno de los frentes abiertos contra el magistrado en el Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial, pero la realidad es otra.

La Sala de lo Contencioso del Supremo se ha pronunciado ahora en relación con la decisión del CGPJ de archivar una primera queja presentada por los cobros de Nueva York, pero en la actualidad el órgano de Gobierno de los jueces investiga otra, vinculada a la financiación de los cursos que impartió el juez por el Banco Santander.

Esta segunda denuncia se basa en los mismos hechos por los que Panea y José Luis Mazón presentaron su segunda querella, que fue admitida a trámite por el Supremo en enero. Esta admisión, junto con el auto de Luciano Varela que veía indicios de prevaricación en la apertura de la primera causa penal por los crímenes franquistas, fueron enviados al Consejo y motivaron que su Comisión Permanente iniciara los trámites para suspender cautelarmente a Garzón, al pedir un informe al fiscal.

Mazón y Panea pretendían que el Supremo tirara de las orejas al Consejo por archivar su primera queja después de que el propio Alto Tribunal le hubiera ordenado reabrirla. El tribunal considera que el archivo estaba suficientemente motivado y que se basaba en los datos que le aportó la propia Sala de lo Penal al archivar la primera querella por los cobros.