El Tribunal de lo Criminal de París dicta hoy sentencia en el proceso contra los presuntos miembros de ETA Julen Eizaguirre y Ángela Aramendi, para quien la Fiscalía pidió ayer penas de entre 13 y 15 años de cárcel.

La abogada de ambos, Xantiana Cachenaut, dijo hoy durante el alegato en su defensa que las sentencias contra los etarras juzgados en Francia se han endurecido en los últimos cinco años.

"Hay una criminalización de estos procesos", se quejó Cachenaut ante el Tribunal de lo Criminal de París, que debe dictar sentencia sobre la presunta pertenencia de ambos al aparato logístico de la organización terrorista.

La Fiscalía solicitó ayer para ellos entre 13 y 15 años de cárcel, además de la expulsión definitiva de Francia cuando cumplan la condena.

La letrada reiteró que sus clientes no niegan pertenecer a ETA, pero añadió que ese simple hecho no puede significar que se les implique en la comisión de atentados.

Eizaguirre y Aramendi fueron arrestados el 14 de julio de 2004 tras saltarse un control policial de carretera cerca de la ciudad de Saintes, en el oeste de Francia, y en ese momento iban acompañados de su hijo común, de poco más de 19 meses, que había nacido durante el periodo de clandestinidad de la pareja.

Un periodo de clandestinidad en Francia que, según la acusación, se había iniciado a finales de 2001 ó en 2002 y durante el cual se dedicaron sobre todo a la compra de material electrónico para la banda, y a la confección de diversos tipos de dispositivos para los artefactos con que se cometían atentados, como detonadores o mandos a distancia.

Eizaguirre y Aramendi rechazaron intervenir cuando el tribunal les dio la última oportunidad para hacerlo antes de iniciarse la deliberación, en una reiteración así de la que ha sido su actitud durante todo el juicio, en el que se han negado a responder a todas las preguntas que se les formulaba, como suelen hacer los etarras cuando son juzgados en Francia.