El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) absolvió hoy por falta de pruebas al ex primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, de crímenes de guerra y lesa humanidad, lo que podría reforzar la popularidad del político, de 39 años, entre sus compatriotas albano-kosovares.

La decisión de que Haradinaj estaba absuelto de todos los cargos fue recibida con júbilo por el público asistente en la sala número 1 del TPIY, por lo que el juez holandés Alphons Orie, encargado de leer la sentencia, tuvo que pedir silencio.

Los jueces también absolvieron a otro ex líder guerrillero albano-kosovar Idriz Balaj pero condenaron a seis años de prisión a Lahi Brahimaj por torturas y tratamiento cruel contra dos personas que testificaron durante el juicio.

Los magistrados explicaron que Brahimaj "participó personalmente" en la tortura contra los dos testigos, a los que " se discriminó por sus vínculos concretos con los serbios" de Kosovo.

Uno de los jueces de la terna de tres magistrados que tramitaron el caso, mostró su postura disidente respecto a la absolución de Balaj, al que señaló que se le debería de considerar culpable del cargo número 14, referido al asesinato de dos hermanas.

La fiscalía acusaba a los tres kosovares de 37 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos entre marzo y septiembre de 1998 en el noroeste de Kosovo contra población civil serbia pero también contra albaneses y gitanos que simpatizaban con los serbios o no apoyaban al Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), del que Haradinaj era un comandante destacado.

En su argumentación, los jueces resaltaron primeramente la atmósfera de tensión en la que se llevó a cabo el juicio, en la que los magistrados tuvieron la impresión de que los "testigos (gran parte de los cuales necesitaron estar protegidos) no estaban seguros".

Se refirieron por un lado a la "dificultad" de conseguir testimonios a causa de la situación de inestabilidad en Kososvo, pero también a casos de testigos que no pudieron testificar a causa del "estrés emocional" que sentían al hacerlo.

Tras esa aclaración, el juez Orie echó primeramente por tierra los 18 cargos de crímenes de lesa humanidad incluidos en la acusación, aduciendo que "el tratamiento cruel deportación y asesinatos de civiles serbios, albanos-kosovares y gitanos no tuvo lugar en la escala y frecuencia como para concluir que se produjo un ataque contra la población civil" en su conjunto.

A continuación, explicó que la fiscalía mostró "pruebas insuficientes para demostrar un objetivo criminal común" a los tres acusados, tal y como defendía la acusación.

Orie precisó al respecto que la fiscalía presentó "muy pocas pruebas directas" en las que basar que los tres kosovares formaban parte de un "empeño criminal común".

La fiscalía acusaba a los tres kosovares de participar en "una empresa criminal común cuyo propósito era consolidar el control del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) sobre las áreas de noroeste de Kosovo".

En cuanto al asesinato de 30 víctimas, los jueces concluyeron que "solamente se pudo comprobar sin resquicio de duda siete de esos asesinatos y que fueran atribuibles al UCK".

Precisaron que las pruebas presentadas 'respecto a los autores y circunstancias de los asesinatos fue vaga, no concluyente o inexistente".

La sentencia especifica que "el análisis detallado de las circunstancias reveló que las que en apariencia parecían conclusiones obvias se tornaron equivocadas", al referirse a que en "algunos casos no se sabía nada de las circunstancias en las que desaparecieron las víctimas, algunas de la cuales no se pudieron identificar".

Haradinaj- que había sido elegido primer ministro de Kosovo pocos meses antes- Balaj y Brahimaj se entregaron voluntariamente al TPIY en marzo de 2005, poco después de conocerse la acusación contra ellos.