El Pleno del Tribunal Constitucional agradeció hoy a su presidenta, María Emilia Casas, las explicaciones que le ofreció por el episodio en el que se ha visto envuelta sin quererlo, al telefonear, a petición de una conocida común, a una mujer que decía tener problemas con la custodia de su hija y que resultó ser una abogada que ahora se encuentra en prisión por el asesinato de su ex marido.

No tenía obligación de convocar un Pleno extraordinario para contar a sus compañeros por su propia boca lo ocurrido, y más después de que el jueves el Tribunal Supremo negara tajantemente que la conversación fuera constitutiva de un delito de aseroramiento ilegal y la encuadrase en los usos sociales 'generalmente admitidos'. De hecho, la mayoría de sus compañeros del Pleno le ha dicho incluso que era innecesario que les reuniera.

Sólo uno, Jorge Rodríguez-Zapata, no quiso pronunciarse sobre lo que les contaba Casas, alegando que 'con arreglo a la propia jurisprudencia del tribunal ello supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran una pronunciamiento jurisdiccional'.

Una vieja rencilla

Para entender la explicación de Rodríguez-Zapata, para no apoyar el acuerdo alcanzado por sus compañeros, hay que recordar otro capítulo de la historia del alto tribunal. Él y el recientemente fallecido Roberto García-Calvo enviaron hace un año una carta a la presidenta en la que le pedieron que dimitiera. La misiva fue utilizada por la Abogacía del Estado para apartarles de la resolución del recurso contra la reforma de la ley reguladora del alto tribunal, que prorrogaba el mandato de Casas.

Los demás componentes del Pleno, 'único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros', no han tenido problemas en agradecer a la presidenta su 'transparencia' y en reiterarle su confianza. Tampoco han dudado en manifestar que ni ella ni el propio alto tribunal 'deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas'.

Por eso, han anunciado que continuarán 'con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tienen en su agenda', como los recursos contra el Estatuto de Catalunya, cuyas deliberaciones continuarán hoy.