El Supremo tumba el proyecto del Gobierno que pretendía paliar el paro en Cádiz

El Tribunal Supremo ha tumbado el convenio entre el Gobierno y la Junta de Andalucía que pretendía desarrollar el Polígono industrial Las Aletas, en Puerto Real (Cádiz). El proyecto preveía una inversión de 300 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo en una zona con altas tasas de paro.

Las autoridades presentaron Las Aletas como la solución a la crisis creada tras la marcha de la multinacional Delphi, que machacó casi 2.000 puestos de trabajo.

El Supremo admite así un recurso de la organización ecologista WWF-Adena, que pedía la anulación del convenio entre Gobierno y Junta porque incumplía la ley de Costas. Los magistrados consideran que los argumentos del Gobierno para reservar 287 hectáreas de marismas para uso industrial son "claramente insuficientes".

Desde el Consorcio Aletas han expresado, en un comunicado emitido a los medios, que respetan y acatan la sentencia del Supremo. Aseguran que se abrirá período de estudio jurídico de la sentencia para analizar las diferentes alternativas que permitan desarrollar el proyecto.

Su intención, aseguran, es "aprovechar al máximo las posibilidades de los terrenos de las Aletas con pleno respeto a las características medioambientales propias de esa zona". "Las Administraciones implicadas comparten la preocupación por el mantenimiento de la riqueza natural de la zona y lo creen compatible con su aprovechamiento social y económico", manifiestan.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, estudiará "detenidamente" las resolución del Supremo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta aseguró que aún no ha podido estudiar la resolución del Alto Tribunal para conocer su contenido, por lo que pospuso un pronunciamiento al respecto hasta el momento en el que haya podido analizar la misma.

El Supremo cree que las razones del Ejecutivo para la ocupación del dominio público son insuficientes ya que la Ley de Costas sólo permite esa ocupación si las infraestructuras que se van a instalar en esa zona no pueden tener otra ubicación y afea que no se hiciera un estudio para buscar otras alternativas al polígono.