'Estoy muy contento por haber podido declarar y aportar las pruebas que demuestran mi inocencia'. Son las palabras con las que el hasta ayer tesorero del PP, Luis Bárcenas, abandonó el Tribunal Supremo el miércoles pasado. Dio a entender que creía neutralizada la posibilidad de que el magistrado instructor del caso Gürtel en el Alto Tribunal, Francisco Monterde, instara al Senado el suplicatorio necesario para poder investigarle. Pero su dimisión prueba que no ha podido aguantar ni una semana a la espera de una decisión que fuentes jurídicas creen inminente.

Ante el juez, el senador trató de poner en duda que él sea la persona identificada en la contabilidad B de la trama Gürtel como 'L. B.' o 'Luis el cabrón'. Esgrimió los nombres de otras personas que podrían estar vinculadas al caso, como Lucas Baghus, consejero delegado de una sociedad de fondos de inversión, o Luis Delso, presidente de Isolux Colsan, quien al día siguiente desmintió cualquier relación con la red presuntamente dirigida por Francisco Correa.

La explicación del ex tesorero consistió en que cuando aparece identificado como 'Bárcenas' en la contabilidad del grupo de empresas obedece a pagos que realizó por viajes que contrató a título particular con una de las sociedades, Pasadena Viajes. Cuando se trataba de cobros era identificado como 'L. B'.

Los presuntos sobornos se remontan a 1996, pero habrían prescrito los anteriores a 2002, e incluso, es posible que también lo estén los relativos a este año. Bárcenas fue elegido senador en 2004, lo que puede tener su trascendencia a la hora de delimitar el delito de cohecho que se le imputa. También está acusado de delitos fiscales. El interrogatorio voluntario que prestó en el Supremo se refirió a los ingresos de 2002, 2003 y 2007.

Pero para poder determinar si Bárcenas dice la verdad sobre las siglas de las empresas hay que investigarle. Y a un diputado o a un senador sólo se les puede investigar si la Cámara a la que pertenece lo autoriza mediante la concesión del suplicatorio.

El primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, intentó varias veces enviar la causa al Tribunal Supremo. Halló indicios de que Bárcenas había recibido 1.353.000 euros de la trama. El magistrado no llegó a enviar la causa por la oposición de Anticorrupción, que creía que no había suficientes indicios de su vinculación a la trama. Hicieron falta cuatro meses y un informe de la Agencia Tributaria, que no daba credibilidad a las explicaciones del tesorero del PP, para que la Fiscalía solicitara al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el envío de la causa al Supremo.

En la exposición razonada elevada al Alto Tribunal se atribuía a Bárcenas el cobro en los años 2002, 2003 y 2007 de 1.047.193 euros, por parte de la trama de corrupción. Además se describían sus negocios con otros imputados.

Con el diputado Jesús Merino con el que comparte la condición de 'imputado provisional' y que también declaró la semana pasada en el Supremo y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda se reparte Astrolago Inversiones. Bárcenas también cobró por servicios de las empresas de Merino.