La subida del IVA eleva la recaudación un 11,9% en septiembre

La semana pasada, cuando Cristóbal Montoro defendió en el pleno del Congreso sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, el Gobierno intentó traer la atención en un dato positivo: el déficit del Estado en términos homogéneos se situó en septiembre en el 3,93%, lo que hace "muy cerca de alcanzar el objetivo de déficit programado para el conjunto de 2012". Esta semana, y en la defensa de otro proyecto de ley –el de medidas tributarias que acompaña a los PGE–, el ministro de Hacienda ofreció otra cifra en verde: la recaudación por IVA aumentó un 11,9% en septiembre respecto a agosto tras un mes de aplicación del alza del gravamen. Eso hace "que el total de IVA, que descendía un 10% en agosto, ahora desciende sólo un 5% en el acumulado entre enero y septiembre". Es decir, que el ritmo de caída interanual de los ingresos procedentes de este impuesto indirecto se ha reducido. 

El dato del 11,9% es otro avance más de los números de ejecución presupuestaria hasta el mes pasado que presentará esta tarde el Gobierno con detalle. Su conclusión es que "los ingresos del Estado están mejorando claramente" y permitirá cumplir con el "ambicioso" objetivo de déficit pactado con Bruselas este 2012: 4,5% para el Estado y la Seguridad Social y 6,3% para el conjunto de las Administraciones públicas. Montoro también refrescó las cifras de recaudación del Impuesto de Sociedades. Estaban "cayendo dramáticamente" e invirtió su tendencia, de forma que los ingresos aumentaron un 4,1%. Es igualmente "positiva" la evolución del IRPF: la recaudación hasta septiembre creció un 2,9%. 

El Ejecutivo prevé ingresar 4.375 millones con las nuevas medidas

El Ejecutivo confía, pues, en cumplir a rajatabla con Bruselas. Y a ello ayudará, argumentó Montoro, el proyecto de ley de medidas tributarias "dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica", un revival, como reconoció el mismo Grupo Popular, de las viejas leyes de acompañamiento a los Presupuestos que los Gobiernos del PSOE desterraron. El texto del Gabinete de Mariano Rajoy,  que hoy atravesó el debate de totalidad en el Congreso, contempla el fin de la deducción por compra de vivienda, la continuidad del Impuesto de Patrimonio que José Luis Rodríguez Zapatero recuperó en el último tramo de su mandato, la limitación para las grandes empresas de la deducción por amortización al 70%, el alza del gravamen para las plusvalías a corto plazo –que tributarán a los mismos tipos del IRPF– y la creación de un nuevo impuesto del 20% a los premios superiores a 2.500 euros de Loterías, Cruz Roja y ONCE. Por todas estas medidas Hacienda prevé ingresar 4.375 millones de euros adicionales en 2013 y 2014. 

Pero la norma también se ha denominado ley Adelson con cierta lógica, porque permite a los ayuntamientos bonificar hasta el 95% la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) si así lo justifican "circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo". Muy en línea de las vacaciones fiscales que reclamaba el magnate estadounidense Sheldon Adelson para instalar en España su proyecto Eurovegas, que finalmente acogerá Madrid. 

Montoro defendió que sus medidas tributarias son "temporales" y están enfocadas al fortalecimiento de las anémicas finanzas públicas, a la recuperación del crecimiento y a la creación de empleo. Y pidió una tramitación "acelerada y urgente" del texto para que entre en vigor el 1 de enero de 2013, premura que "no es óbice" para que los grupos presenten sus propuestas de cambio.

La votación llegó cerca de las diez de la noche tras una maratoniana jornada en el Congreso que comenzó a las nueve de la mañana. Pero la oposición ya tuvo oportunidad de manifestar sus discrepancias con la redacción de la ley, a la que se presentaron cuatro enmiendas de totalidad (PSOE, Izquierda Plural, CiU y BNG). Los partidos de izquierda coincidieron en criticar la "insuficiencia" del proyecto y la falta de una reforma tributaria en profundidad y más progresiva. Los convergentes, en cambio, censuraron en tono muy duro la "voracidad fiscal" del Gabinete del PP. El hemiciclo tumbó las cuatro enmiendas sin dificultades.  

La izquierda pide una reforma fiscal profunda, equitativa y progresiva

Desde el PSOE, Pedro Saura calificó de "meros parches" las medidas aprobadas por el Gobierno, que apuntalan la teoría de que el problema está en los gastos, cuando reside en los ingresos. El diputado denunció que se "incrementa la desigualdad por la vía de los impuestos, y eso ahonda en la recesión, porque cuando la clase media tiene menos recursos, la demanda es menor y la actividad se resiente de manera importante". Los "parches", y no una reforma fiscal profunda, daña además la "credibilidad" del país hacia fuera. Saura esbozó los principios básicos de la modificación tributaria que ahora plantean los socialistas y que no aplicaron en sus años en la Moncloa: que se sitúe "el fraude y los paraísos fiscales" en el "centro" de la agenda política (y no caiga en amnistías como la aprobada por el Ejecutivo en primavera), que se alumbre una "fiscalidad clara, transparente, sencilla y atractiva para los emprendedores" y que "tributen más los grandes patrimonios". En suma, que se dé luz verde a una "fiscalidad que combine crecimiento económico y cohesión social". 

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) entrevé ciertos "avances" en la ley de Montoro, pero a su juicio también se queda corta y comete graves errores, como el promocionar un modelo de desarrollo basado en el ladrillo a través de la bonificación del 95% del IBI y del IAE. Además, las medidas son "regresivas", "injustas", no tienen en cuenta "que la única forma de crear empleo" es vía estímulos del sector público, no animan la demanda interna y continúan con la "política alocada" y "suicida" de los recortes. El Ejecutivo impulsa, dijo, una "política de clase", porque "beneficia a los de arriba" mientras castiga a "los de abajo", los que soportan la crisis. Recordó, no obstante, que la senda elegida por el Gobierno es una continuación de las medidas adoptadas por los socialistas. Mismo reproche, el del "desarme fiscal" perpetrado desde los tiempos de José María Aznar y de Zapatero, efectuó Olaia Fernández Dávila, la portavoz del BNG, quien reclamó igualmente una reforma fiscal "integral". 

Josep Sánchez Llibre, de CiU, evidenció otra vez el alejamiento del Ejecutivo. Criticó el recorrido zigzagueante del PP y sus "ideas confiscatorias" (subida de impuestos directos, y luego de los indirectos), la esquilmación de los recursos de los ciudadanos –"Tanta obsesión por la recaudación deja sin masa monetaria para que la gente pueda invertir o ahorrar"– y su falsa política de mano tendida, puesto que se ha mostrado "insensible" con los grupos que apoyaron "proyectos de ley duros". "Nos han maltratado políticamente", atizó a Montoro. 

CiU aduce que el Gobierno se ha entregado a la "voracidad fiscal"

UPyD no presentó enmienda de totalidad, pero cargó también con el fondo de la norma. Como los demás portavoces, Álvaro Anchuelo echó en falta "una estrategia" tributaria "coherente" y una "estrategia general de política económica". Y como Garzón, criticó la genuflexión del Gobierno ante Adelson, porque traerá "mucha arbitrariedad y corrupción", ya que permitirá a los ayuntamientos perdonar el pago de impuestos por motivos "vagos e indeterminados".

A todos ellos respondió displicente el diputado del PP Fernando López-Amor. Enfatizó que el proyecto de ley tiene como objetivo "financiar los gastos del Estado" y mantener "incentivos a la creación y mantenimiento del empleo". Y, mirando al PSOE, espetó que "todas las medidas" de Rajoy tienen como "causa directa" las "ocurrencias" de los gabinetes del PSOE desde 2004. "Ustedes deberían ser prudentes porque no están legitimados a criticar la actuación de este Gobierno cuando dejaron el país hundido".