El Gobierno de Pakistán estimó hoy "injustificada" su suspensión en el seno de la Commonwealth hasta que restablezca la democracia, mientras el ex primer ministro en el exilio y líder opositor Nawaz Sharif amaga de nuevo con volver al país.

"Esperamos el retorno de Sharif en cinco días", declaró a Efe un portavoz de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), Ahsan Iqbal, quien añadió que el ex primer ministro prevé viajar con toda su familia.

Sharif se reunió hoy con el rey Abdulá de Arabia Saudí, el país donde se encuentra exiliado, tan sólo tres días después de que el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, rindiera visita al monarca.

Una fuente próxima a la familia Sharif aseguró que el rey había dicho a Musharraf que Arabia Saudí prefiere mantenerse al margen de la política interna de Pakistán, lo que allanaría la vuelta para el líder opositor, a pesar de que el país sigue en estado de excepción.

"Pensamos que si Benazir Bhutto está aquí y nos causa problemas, ¿por qué no dar la bienvenida también a Nawaz Sharif y permitirle participar en el proceso político?", se preguntó hoy un cercano colaborador de Musharraf, Tariq Aziz.

Bhutto, ex primera ministra y líder del opositor Partido Popular de Pakistán, volvió al país el mes pasado tras casi nueve años de exilio.

Sharif, que se marchó al exilio en diciembre de 2000 a cambio de salir de la cárcel, ya intentó volver a Pakistán el pasado 10 de septiembre, pero el régimen de Musharraf lo deportó de nuevo nada más llegar al aeropuerto de Islamabad.

La posible vuelta de Sharif coincide con un mazazo para Pakistán en el frente internacional, después de que anoche la Commonwealth suspendiera al país de la organización en tanto no retorne a la senda de la democracia y al estado de derecho.

"El Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth ha suspendido a Pakistán con carácter inmediato, a la espera de que se restaure el imperio de la ley en el país", afirmó el secretario general de la asociación, Don McKinnon.

La reacción inmediata por parte del Ministerio paquistaní de Exteriores ha sido calificar la medida como "irracional e injustificada".

A la petición de "retornar a la democracia", Exteriores respondió con un duro comunicado en el que asegura que la Commonwealth no ha tenido en cuenta las condiciones objetivas en las que se encuentra Pakistán.

"El ritmo del progreso a la normalidad estará determinado por realidades sobre el terreno y condiciones legales en Pakistán, más que por demandas poco realistas procedentes del exterior", añade.

El Ministerio, en su nota, procede a desmontar las acusaciones procedentes de los países democráticos asegurando que Pakistán es un país "comprometido" con restaurar la democracia y que la declaración del estado de excepción fue necesaria para evitar una "seria crisis interna".

Ese argumento es el mismo que invocó hoy el Tribunal Supremo para amparar el estado de excepción y las enmiendas a la Constitución realizadas por Musharraf, un veredicto cantado después de que esta semana la Corte rechazara seis recursos contra la reelección del presidente y general.

El Supremo, remozado con jueces afines a Musharraf, dio cobertura legal a la decisión invocando la doctrina de la "necesidad del estado", por la cual un acto ilegal se vuelve legal si, en condiciones extremas y de inminencia, sirve para preservar la sociedad o el estado.

El presidente del Supremo, Abdul Hameed Dogar, dijo que Musharraf estaba en lo correcto al imponer el estado de excepción el pasado día 3, ya que la medida tenía la finalidad de garantizar el bienestar del pueblo y del Estado en una situación de deterioro de la ley y el orden.

Dogar, sin embargo, defendió una restauración lo antes posible de la Constitución, que Musharraf había enmendado de todos modos el pasado miércoles para blindarse y evitar hipotéticos juicios futuros por su actuación en la crisis.