El Ayuntamiento de Sevilla y el de Córdoba, ambos gobernados por el PP, han adoptado la misma estrategia: defender su actuación en política social acusando a la Junta de Andalucía de los recortes emprendidos en sus propios consistorios. “La culpa es de la Junta y por eso los sindicatos se están manifestando delante de la Consejería [para la Igualdad y Bienestar Social]”, subrayaron ayer fuentes del equipo de gobierno sevillano.

Un grupo de trabajadores del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, convocados por UGT y CCOO, protestaron por la reducción de unos 370.000 euros –un 28,78%– del presupuesto que destina la Junta a los programas para barrios como El Vacie, Polígono Sur o Torreblanca. Los trabajadores pidieron una reunión con la consejera, Micaela Navarro. “No habrá despidos, pero habrá reducción de jornada, con la consiguiente repercusión en la labor que se hace con esos vecinos”, lamentó Santiago de los Reyes, secretario general de UGT en el Ayuntamiento.

La Junta admite que se ha reducido ese porcentaje en esa línea en concreto por dos motivos. Primero, porque no todos los proyectos municipales que llegan pueden ser financiados al 100% por la

Administración autonómica y no todos son consistentes y efectivos. “No es el caso de los proyectos de Sevilla, que son muy necesarios, pero venimos debatiendo desde hace tiempo con los técnicos cómo hacerlos desde el sentido común. Se trata de actuaciones de los ayuntamientos que la Junta complementa”, explica la directora general de Asuntos Sociales, Ana Gómez. A ello se ha sumado este año la crisis económica, la segunda razón apuntada por Gómez.

No obstante, la Junta alega que en 2011 ha aumentado en más de un 200% el presupuesto que destina al Ayuntamiento de Sevilla para que lo invierta en lo que quiera: de 6,3 millones en 2010 a 22 millones en 2011. “Si la prioridad de un alcalde es la política social y apostar por estos

barrios con necesidad de transformación social, invertirá en ello y no en cambiar el mobiliario de la Avenida de la Constitución, por ejemplo”, añade la directora general.

Ya la semana pasada, en el pleno del Parlamento andaluz, la consejera Navarro preguntó al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido: “Yo quiero saber cuánto iba a invertir en esos barrios. En qué va a gastar ese dinero. No utilice a los trabajadores”, insistió al alcalde, que la había culpado de poner en peligro la continuidad de los trabajadores. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento ha aportado a este programa 698.842 euros, un 20% más de lo que destinaba antes del recorte.

El grupo municipal de IU también denunció ayer la actitud del PP y lo acusó de usar la bajada de la Junta como excusa para cargarse la política social. “Nosotros también tuvimos problemas cuando gobernábamos, pero dimos prioridad a estos proyectos”, afirman desde IU.

Dependencia

En el caso de Córdoba, el PP criticó que la Junta tenga retrasados 52 expedientes en relación con la Ley de Dependencia y lamentó que “haya quitado los refuerzos de personal”, con lo que “el Ayuntamiento tiene algún expediente que tramitar retrasado”, informa Europa Press.  

La delegada en Córdoba de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, repondió que “desde que se aplica la Ley de Dependencia, el Ayuntamiento de Córdoba ha recibido por ayuda a domicilio 26 millones, y en lo que va de año el consistorio ha recibido por adelantado ocho millones de euros, además de una partida de 11,5 millones para que invierta en lo que quiera”.