La comisión de Nombramientos del Senado se reunirá esta tarde con el fin de designar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden a la Cámara Alta, aunque todo indica que no se producirá el acuerdo necesario entre el PP y el PSOE que permita la renovación.

La reunión, que comenzará a las cuatro de la tarde, fue convocada por el presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, Javier Rojo, después de que, el pasado 15 de julio, comparecieran en la Cámara Alta veinte de los 22 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos para el Tribunal Constitucional.

Ese día, PP y PSOE decidieron aplazar hasta hoy la posibilidad de un acuerdo que permita desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, pendiente desde diciembre de 2007.

La comisión de Nombramientos acordó la idoneidad de los 20 candidatos -entre los que figura Francisco José Hernando, uno de los dos candidatos que defiende el PP- que explicaron a los portavoces de los grupos parlamentarios que la integran sus trayectorias profesionales.

El otro candidato apoyado por el grupo Popular del Senado, Enrique López, que fue presentado por cinco parlamentos autonómicos, fue rechazado por la Cámara Alta alegando que no cumplía el requisito de 15 años de ejercicio profesional para ser magistrado del Tribunal Constitucional.

La decisión del Senado de rechazar la candidatura de López puede ser aún recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial o por los parlamentos que le propusieron: Madrid, La Rioja, Cantabria, Castilla y León y Extremadura.

El PSOE ha apremiado en los últimos días al PP para que presente un nuevo candidato que sustituya a López, una posibilidad recogida en el Reglamento de la Cámara Alta.

Por su parte, el PP ha instado al PSOE a cumplir la modificación del Reglamento que impulsó este grupo parlamentario y que permite participar a las autonomías en el proceso, y ha recalcado que corresponde a los parlamentos regionales su designación.

Si, como alega el PP, son las autonomías las que deben pronunciarse de nuevo, el proceso de renovación del TC sufriría un nuevo retraso que se produciría también si Enrique López o los parlamentos que le designaron recurren al Alto Tribunal el rechazo de su candidatura.