El Senado de Colombia aprobó hoy el Marco Jurídico para la Paz, una norma que otorga herramientas para una eventual negociación con las guerrillas y busca poner fin a un conflicto armado de casi 50 años, el único aún vivo en América Latina.

Se trata de una reforma constitucional que ha contando desde el inicio con el apoyo del Gobierno, al que dota de las herramientas jurídicas necesarias para abordar un futuro diálogo de paz.

"Gracias al Congreso por la aprobación de normas que podrían permitir (la) terminación del conflicto", afirmó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a través de twitter poco después de la aprobación en el Senado.

El texto consta de cinco artículos, que modificarán otros de la Carta Magna de 1991, y salió adelante con 65 votos a favor y tres en contra, tras una discusión que culminó hoy con la retirada del opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

El ponente del proyecto, el oficialista Roy Barreras, dijo a Efe que esta norma "garantiza justicia y verdad para las víctimas y abre un camino de transición para eventuales desmovilizaciones futuras (de hombres alzados en armas), para que los colombianos violentos puedan reintegrarse social y políticamente".

Y explicó que "los miembros de grupos armados ilegales que no sean los máximos responsables de delitos de lesa humanidad podrán tener vocería política independiente de la jerarquía porque, por supuesto, se trata de cambiar las balas por palabras".

Para que la norma entre en vigor debe ser sometida antes a una sesión de conciliación, prevista para el martes próximo, con la Cámara de Representantes, que ya había dado luz verde a la norma.

Después, el presidente Santos ratificará el llamado Marco Jurídico para la Paz y así formará parte de la normativa jurídica colombiana durante sus cuatro años de vigencia, según se determinó en el último debate.

El texto consta de cinco artículos "que ahora modificarán a algunos artículos actuales de la Constitución", detalló Barreras para dejar claro que esta norma jurídica no derivará en impunidad, ya que los casos graves de violaciones serán juzgados y condenados.

Según el texto aprobado por el Senado, para aplicarlo antes las guerrillas deben liberar a todos los secuestrados y el Gobierno tendrá que considerar si se cumplen las condiciones para iniciar un proceso de paz.

Entonces el Gobierno presentará al Congreso un primer proyecto de Ley y la Cámara Alta dispondrá de cuatro años para expedir las leyes que regulen la desmovilización de los alzados en armas.

Una de esas leyes deberá establecer quiénes serán los máximos líderes que se someterán a la Justicia, el orden y las penas.

Entre los aspectos que contempla la nueva norma está que "no podrán ser considerados conexos al delito político aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática", según Barreras.

De este modo, "no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos", agregó.

Éste último concepto fue agregado en las últimas discusiones a petición del senador Juan Lozano, presidente del oficialista Partido de la U, y responde a una de las mayores inquietudes planteadas durante el debate llevado a cabo en el último semestre.

Así, el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko", no podrá ostentar cargo público alguno en caso de desmovilizarse.

Con el total respaldo del Gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas, el Marco Jurídico para la Paz ha cosechado, sin embargo, críticas dispares, como las de los más conservadores, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe.

En el otro extremo también lo han cuestionado organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, que alertaron de la eventual impunidad que puede traer este marco jurídico.