El presidente francés, Nicolas Sarkozy, presentó hoy un plan de 166 medidas para reformar el funcionamiento de la administración que pretende ahorrar 7.000 millones de euros en los próximos tres años, sobre todo mediante la reducción del número de funcionarios.

La principal medida de este dispositivo que se aplicará entre 2009 y 2011, del que se espera la mitad del ahorro programado, es la no sustitución de uno de cada dos funcionarios que se jubilen en esos años, lo que representará en total 105.000 empleos suprimidos.

El resto vendrá de la revisión de las políticas de intervención, en particular de vivienda, empleo y ayuda a las empresas, así como una simplificación de las estructuras de la Administración central.

Con este paquete de medidas, presentadas con motivo del segundo Consejo de Modernización de las Políticas Públicas, Sarkozy se mostró convencido de que "el equilibrio de nuestras finanzas (públicas) en 2012 está a nuestro alcance sin cuestionar la calidad y la eficacia de nuestras políticas públicas".

Una alusión al "déficit cero" en 2012, un compromiso del mismo Sarkozy ante sus socios europeos, que de hecho le pedían que cumpliera ese objetivo en 2010.

El problema es que la meta de Francia ahora es un déficit público para este año del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), en lugar del 2,3% que había establecido anteriormente, después de que el pasado año se cerrara con números rojos en las cuentas públicas equivalentes al 2,7% del PIB, en lugar del 2,4% esperado.

Hoy el presidente francés argumentó que "no son los ahorros los que hacen la reforma, sino la reforma la que permitirá el ahorro. Es la diferencia entre rigor y reforma", en un mensaje dirigido a la oposición de izquierdas, que lo ha estado acusando las últimas semanas de preparar un "plan de rigor".

Para disminuir el gasto, se controlarán mucho más los contratos subvencionados, que se limitarán a los demandantes de empleo, y se restringirán las prejubilaciones.

En el terreno de la vivienda, se rebajará el nivel de ingresos que da derecho a solicitar una vivienda social, a la que ahora tiene teóricamente derecho el 70% de la población, una proporción que bajará al 60%.

Se suprimirán las primas pagadas a los funcionarios que al jubilarse deciden ir a vivir a los departamentos o a los territorios de ultramar.

En el terreno de la defensa, los tres ejércitos deberán compartir los servicios administrativos, para lo cual se crearán unas 90 bases cada una de las cuales tendrán competencia sobre un determinado sector geográfico.

Una treintena de embajadas se transformarán en "puestos de presencia diplomática" con un formato más ligero.