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Los salarios sólo crecen la mitad que el IPC

Mientras la inflación se situó en el 2,9% en noviembre, la subida salarial media pactada hasta ese mes sólo fue del 1,29%, según los datos de CCOO

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La subida salarial media inicialmente pactada en los 2.002 convenios colectivos registrados hasta noviembre para 2012 fue del 1,29%, según la secretaría confederal de Acción Sindical de CCOO. Estos datos ponen de manifiesto que el poder de compra de los trabajadores volverá a verse mermado, pues la inflación fue del 2,9% ese mismo mes.

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En un comunicado, el sindicato ha informado de que en los convenios revisados el incremento medio ha sido del 1,52% y en los firmados del 0,69%, mientras que en los de empresa la subida fue del 1,36 % y en los de otros ámbitos del 1,28 %.

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CCOO avisa de que la devaluación de los salarios va más allá de las indicaciones sobre contención salarial del pacto sobre el empleo y la negociación colectiva que firmaron sindicatos y patronal a principios de año. Por ello, afirma que la cláusula de garantía es un "elemento central" para que la subida de salarios inicialmente pactada no lleve finalmente a una pérdida de poder adquisitivo.

En este sentido, subraya que las cláusulas de garantía salarial "retroceden sensiblemente" y que la mayoría de los convenios de 2012 no las incluyen y advierte de que desde ciertos sectores empresariales se sigue presionando para que los salarios dejen de referenciarse con la evolución de los precios.

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CCOO recuerda que la subida de precios, que ha situado el IPC acumulado hasta noviembre en el 2,9 %, supone un "importante deterioro" de la capacidad de compra de los salarios.

Señala que la grave situación económica provoca que cada vez aumente el número de desempleados y además "presiona a la baja" la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo, que retroceden en muchos casos a situaciones de hace una década.

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El sindicato denuncia que las organizaciones firmantes del pacto de negociación colectiva no están cumpliendo los objetivos del mismo y también la pasividad de la Administración en el control del fraude y la evasión fiscal, así como "la amnistía para los grandes defraudadores".

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