Los administradores de una aseguradora que entra en disolución pueden acabar en el banquillo si se considera que han descapitalizado de forma irregular la compañía. Así ocurrió con la aseguradora Apolo, que quebró en 1994 y cuyos gestores fueron llevados a juicio en 1997 por la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (Clea). El motivo: haber solicitado créditos irregulares a través de la compañía y derivado ingresos de la misma a otras sociedades a las que estaban vinculados.

Doce personas fueron condenadas a indemnizar con 18,46 millones de euros a los afectados. El ex presidente de Apolo, Eduardo González Mateos, fue condenado a dos años de prisión por apropiación indebida. En el juicio, González Mateos atribuyó la quiebra a las informaciones negativas aparecidas en prensa.

En las disoluciones, la opción favorita de la Dirección General de Seguros (DGS) es que otra empresa se quede con el 100% de la firma disuelta sin llegar al concurso de acreedores. Centro Asegurador, sin embargo, entró voluntariamente en suspensión de pagos para eludir la indemnización por el accidente de la firma de pirotecnia Pirofantasía que afectó a 104 personas en 1997. La DGS le abrió, de todos modos, expediente de disolución, impidiéndole vender ningún activo y, cuando La Caixa, a através de Caifor, intentó quedarse con sólo una parte y dejar el área de salud a Adeslas, no se lo permitió.

El caso de Asegurator, filial de Otaysa, es otro ejemplo de cómo la DGS intentó en 2000 que una compañía del sector comprase el 100% en aquel caso fue Mapfre y cómo todo acabó en concurso de acreedores al no cerrarse la operación. El balance de liquidación de la firma tardó cinco años en resolverse.