Las acciones de Portugal Telecom (PT) vendidas por Telefónica la semana pasada deben seguir imputándose a la operadora española de cara a la decisiva asamblea de accionistas de la compañía lusa del día 30, según un "proyecto de decisión" del regulador bursátil portugués.

Telefónica se deshizo el pasado día 23 de un ocho por ciento de sus acciones en PT, operación con la que pasó a tener sólo el 2,02% del capital, impidiendo así que esos títulos pudieran quedar excluidos, por conflicto de intereses, de la votación que decidirá la venta a la empresa española de un 30% de la brasileña Vivo.

Pero la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios lusa (CMVM) consideró hoy, en una decisión comunicada a las partes a "efectos de audiencia previa", que los contratos establecidos para alienar las acciones de PT en poder de Telefónica suponen que sus derechos de voto deben seguir imputándose a la empresa española.

La CMVM recuerda que tras comunicarle la venta de las acciones de PT, la empresa española le informó de que los títulos están sujetos a unos contratos de cobertura, o "equity swaps", y "Telefónica mantiene intacta la exposición a los riesgos y beneficios económicos de las acciones que alienó".

"Los contratos -agrega- contienen mecanismos que permiten de hecho a Telefónica recuperar las acciones".

Según el regulador luso, Telefónica también está "directamente relacionada" con la adquisición de posiciones accionistas mediante los títulos alienados y además los compradores "no han asumido" interés económico directo en PT.

En consecuencia el regulador entiende que los derechos de voto representativos de ese ocho por ciento del capital de PT deben imputarse a Telefónica en la próxima asamblea general de la compañía lusa y así se lo comunica a la presidencia de esa reunión "a los efectos que considere adecuados".

Aunque el parecer de la CMVM no es vinculante y puede ser contestado por las partes afectadas, comentaristas del mercado luso apuntaron que este "proyecto de decisión" puede ser utilizado para argumentar que el 10 por ciento de los títulos de PT relacionados con Telefónica no tengan derecho a voto por conflicto de intereses.

La asamblea del miércoles, día 30, debe decidir si PT acepta la oferta de la española, por 6.500 millones de euros, para comprar el 50 por ciento de Brasilcel, la empresa con la que Telefónica y la operadora portuguesa controlan a medias el 60% del capital de Vivo y su gestión.

El consejo de administración de PT y sus principales accionistas portugueses, incluyendo el Estado luso que tiene derechos especiales de veto en la sociedad, se oponen a la venta de Vivo, que consideran estratégica para PT, aunque juntos no llegan al 25 por ciento del capital.

Los mayores accionistas nacionales de la operadora portuguesa son el Banco Espírito Santo (7,99%), la estatal Caixa Geral de Depósitos (7,30%) y el conglomerado Ongoing (6,74).

El primer ministro de Portugal, el socialista José Sócrates, no ha aclarado si el Estado usará su "acción de oro" en PT para vetar la operación, pero anunció que ha dado instrucciones a la Caixa Geral para votar en contra de la venta de Vivo.

Hay otros accionistas portugueses con menores participaciones y posiciones similares en PT, donde los principales inversores extranjeros, cuya postura se desconoce, son el fondo estadounidense Brandes Investment Partners (7,89%) y el grupo Barclays (2%).

Las acciones de Telefónica pasaron al banco suizo UBS y la gestora estadounidense TPG-Axon Capital, que ahora tienen el 5,84% y el 4,24% del capital, respectivamente.

El presidente de PT, Zeinal Bava, ya había cuestionado la operación de Telefónica y había expresado su confianza en que el regulador de la Bolsa se pronunciara sobre lo que calificó de "fuera de juego" de la empresa española.

Sin embargo, Telefónica negó que tuviera opciones para recomprar los títulos de PT o que hubiera participado en su venta o en algún acuerdo con los compradores.