Las Comunidades Autónomas, también las gobernadas por el PP, han acordado este martes con el Ministerio de Educación, durante la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Madrid, seguir profundizando en el estudio del informe elaborado por un grupo de expertos sobre la reforma del sistema de educación superior. Los titulares de Universidad pretenden, así, despejar las dudas sobre la constitucionalidad de las medidas propuestas por el comité elegido por el departamento de José Ignacio Wert, después de que dos de los expertos emitieran votos particulares acerca del sistema de gobernanza y la selección del profesorado. Para ello, han solicitado la opinión de la Abogacía del Estado al respecto.

Así lo ha manifestado el consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia, José Ballesta, quien ha destacado la 'coincidencia general' que ha habido respecto a la 'oportunidad' de dicho informe entre los asistentes a la reunión.  De esta manera, Ballesta ha señalado que 'cuantitativamente es un informe exhaustivo', puesto que abarca 'todos' los aspectos del sistema universitario; 'cualitativamente, un sistema intensivo', porque profundiza en los 'aspectos más importantes del sistema'; 'audaz', porque aborda cuestiones 'polémicas'; e 'independiente', puesto que ha habido votos particulares.

No obstante, al ser preguntado sobre la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos del texto, Ballesta ha querido recordar que 'estamos hablando de un informe' y que 'no es una ley ni un decreto' por lo que ha indicado que 'puede parecer aventurado ya determinar inconstitucionalidades en algo que no deja de ser un informe de un grupo de expertos'. 'En cualquier caso, se va a avanzar por lo menos para analizar y estudiar esas dudas que han surgido en algunos sectores', ha concretado.

Los expertos proponen que los Gobiernos autonómicos tengan representación en el Gobierno de las Universidades

El documento [ver pdf] sostiene que el rector debería ser nombrado por un Consejo de Universidad, formado por miembros elegidos en un 50 % entre el claustro, un 25 % las Comunidades y otro 25 % por los anteriores grupos. Sobre si considera oportuno que las comunidades autónomas tengan esta representación, el consejero de Murcia ha indicado que su posición 'concreta' es que las universidades son entidades que han 'sobrevivido durante siete siglos' y que 'por tanto, algo tendrán'. Sin embargo, Ballesta ha agregado que 'en el momento actual la situación, muchas veces de colisión entre órganos de representación, órganos de gestión y órganos de dirección, conlleva muchas veces dificultades en el gobierno de las universidades'. 'Eso hay que solucionarlo. Hay unos déficit que hay que arreglar, pero no vayamos a ir a una situación en la que esos mismos déficit se producen en el extremo contrario. Creo que cualquier decisión en el gobierno de las universidades, así lo he dicho, ha de ser tratado con manos temblorosas', ha sentenciado.

Por su parte, el director general de Universidades de Castilla y León, Ángel de los Ríos, ha asegurado que 'ha habido en general un acuerdo', eso sí, con 'muchos matices'. 'Lo que se ha acordado es ver si los aspectos de los dos votos particulares que contiene el informe son inconstitucionales', ha apuntado. No obstante, De los Ríos ha defendido que 'el informe es positivo' y contiene medidas 'que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de la universidad española y a adoptar algunas de las reformas que son necesarias'. Si bien, ha reconocido que todavía queda mucho por hacer y que el texto analizado hoy es 'un informe sobre las vías por las que debe caminar la reforma'.

En esta misma línea, el director general de Universidad de Baleares, Miguel Deyá, ha explicado que 'hay algunos temas que son muy favorables como el fomento de la investigación' o 'la nueva forma de contratación que flexibiliza la contratación', al tiempo que ha defendido el nuevo sistema de gobernanza propuesto en el informe, uno de los puntos que más polémica ha generado. 'No vemos ningún hilo de que contravenga ninguna norma básica del Estado', ha señalado, para añadir que, 'habida cuenta' de que dos de los 'prestigiosos juristas' que han elaborado el informe han presentado votos particulares en los que señalan la posibilidad de que esta cuestión sea inconstitucional, es conveniente solicitar el informe a la Abogacía del Estado 'para no trabajar en balde' y para 'tener un marco jurídico estable'.

Asimismo, el director general del País Valencià ha defendido que esperan de este modo 'despejar cualquier sombra de duda' para 'no andar dentro de los cauces de caminos constitucionales'. Sin embargo, ha señalado que 'con la misma rotundidad' que se han pedido solicitar consejo a la Abogacía del Estado, la Comunidad Autónoma que representa es partidaria de reformar mediante el 'consenso' el sistema universitario y concretamente el sistema de gobernanza actual de las universidades.

Asturias: 'Se desacredita la profesionalización y se pone en valor la contratación a dedo' 

Entre los partidos de la oposición, la consejera de Educación del Principado de Asturias, Ana González, ha sido la más crítica y ha afirmado que el informe es 'contradictorio con algunas de las cosas que ha ido anunciando el ministro', como decir que 'sobran universitarios' o incluso 'con algunas de las políticas que se han ido haciendo como el endurecimiento de becas o acabar con ciertos programas de movilidad'. 'Me preocupa la falta de claridad', ha subrayado. La consejera ha explicado que, sin embargo, el informe habla de la 'importancia de las becas o de la movilidad'. 'En ese sentido pone en evidencia la contradicción o la falta de rumbo de las políticas del PP', ha aseverado, para destacar la importancia que, a su juicio, tienen las addendas que han hecho en el informe dos 'personas reconocido prestigio dentro del ámbito del Derecho que hablan de la posible inconstitucionalidad de aspectos muy, muy importantes'.

Según ha denunciado González, el modelo que denuncian estos dos expertos 'pone en riesgo la autonomía universitaria' y el actual sistema de contratación del profesorado, volviendo 'de nuevo a un intento de desfuncionarización de la universidad'. 'La funcionarización y la profesionalización en cualquiera de los ámbitos de la administración y en concreto en el ámbito de la universidad lo que ha permitido es la independencia, la profesionalidad y la especialización. Eso se desacredita y se pone en valor la contratación a dedo directamente. Estos dos juristas lo ponen de relieve como un choque con nuestro sistema jurídico y con la Constitución', ha argumentado.

Por su parte, el ministro Wert ha defendido la 'flexibilidad del sistema universitario' que propone el informe, pero también se ha mostrado partidario de 'no poner corsés normativos más estrictos de los que hay'.

Wert: 'La reforma universitaria no se trata de un empeño legislativo como la Lomce'

Asimismo, ha subrayado que entre las medidas planteadas por los expertos hay 'muchas' que no requieren de cambios legislativos, sino simplemente acuerdos, y ha indicado que la reforma de la universidad 'no se trata de un empeño legislativo como la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)', pues va a seguir 'un procedimiento distinto'.

A esta flexibilidad se ha referido también el secretario general de Universidades e Investigación de Catalunya, Antoni Castellà, que, en declaraciones a los medios, ha valorado la propuesta de los expertos en este sentido, pues, a su juicio, el informe no aboga por la 'homogeneización' del sistema.

Sobre este asunto, el ministro ha indicado que la política universitaria de Catalunya y de la Comunidad Valenciana 'anticipa muchos elementos' que en éste y otros informes 'se definen como necesarios'. Asimismo, ha asegurado que en el ámbito universitario es 'más fácil' llegar a un acuerdo con Catalunya, que en lo que respecta a la reforma del resto del sistema educativo.

Por otro lado, Wert ha anunciado que a partir del curso que viene 2013-2014 su departamento, junto con las Comunidades, va a poner en marcha un mecanismo para integrar todas las solicitudes de ingreso en el grado de Medicina con el objetivo de que las facultades de todo el Estado puedan gestionar las admisiones en una 'única ronda' y no se prolongue el proceso hasta diciembre. Este es uno de los principales acuerdos alcanzados hoy en la Conferencia General de Política Universitaria. Según ha explicado el ministro el nuevo sistema se desarrollará a partir del curso que viene mediante un 'proyecto piloto'.

Según Wert, después de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), los estudiantes aplican a distintas universidades, de manera que el proceso de admisión de solicitudes a este grado se dilata hasta diciembre por las dificultades de gestión. 'Hemos propuesto un proyecto piloto que, a través de un mecanismo, integremos todas las solicitudes de forma coordinada de tal suerte que las facultades de Medicina puedan consolidar sus admisiones en una única ronda', ha indicado.