El Diálogo Social se reanudará el próximo 20 de enero, con la intención del Gobierno de poner sobre la mesa un paquete de medidas de aprobación exprés, al contar ya con el respaldo tácito de los agentes sociales. Entre ellas, está la drástica reducción del amplio abanico de bonificaciones a la contratación, que no han tenido la efectividad esperada. Patronal y sindicatos ya han abogado en otras ocasiones por su revisión.

Fuentes gubernamentales aseguran que la propuesta contempla que se eliminen todas las bonificaciones actuales para concentrarlas en dos: las destinadas a la contratación de jóvenes y las de parados de larga duración, esto es, que lleven más de doce meses en desempleo. También se podrá hacer una excepción para las empresas de menos de 50 trabajadores, dónde sí se ha demostrado que los incentivos a la contratación son útiles.

El fin de la 'universalización' de las bonificaciones es una antigua reclamación de los sindicatos y la patronal no se ha manifestado contra su eliminación.

Además, la apuesta de Trabajo será que estas dos líneas de incentivos estén acotadas en el tiempo para los ejercicios 2010 y 2011. Entonces se volverán a revisar y en caso de que no se haya demostrado su efectividad, desde el Gobierno proponen eliminarlas para desviar la dotación a programas de formación.

En los presupuestos de este año se destinan más de 2.700 millones de euros a bonificar contratos con una amplia gama de objetivos. Entre ellos, incentivos para dar trabajo a desempleados, mayores de 45 años, mayores de 55 años, mujeres en diversas circunstancias, discapacidad, jóvenes, sectores en reconversión, y un largo etcétera. Desde Trabajo aspiran a que sólo permanezcan los privilegios de las contrataciones para las víctimas de violencia de género y los discapacitados.

Trabajo rechaza hablar de pensiones, cotizaciones o despido más barato

La medida no tendría carácter retroactivo, y los empresarios que hayan contratado con una de estas modalidades podrán agotar el periodo bonificado (máximo tres años).

En el nuevo esquema de Diálogo Social donde no se propone cerrar un pacto conjunto sino ir aprobando las medidas conforme se logre un acuerdo también se espera que el llamado modelo alemán, o lo que es lo mismo, la reducción de jornada compensada en parte por el cobro de la prestación del paro, sea uno de los primeros proyectos en ver la luz.

Sin embargo, desde CCOO echaron ayer un jarro de agua fría sobre la celeridad en su aprobación, ya que recuerdan que para que la medida llegue a buen puerto necesita sustentarse sobre un acuerdo previo entre patronal y sindicatos en cuanto a ordenación de la jornada de trabajo. UGT también había advertido de la dificultad de su aplicación en España.

Así, aunque Comisiones Obreras acudirá a la reunión del 20 de enero con 'buena disposición' para el diálogo a tres bandas, advirtió ayer que ve imprescindible que primero se cierren o, al menos, se 'consoliden avances' en la negociación bilateral que los sindicatos mantienen con la patronal.

CCOO supedita el Diálogo Social a acuerdos previos con la patronal

Esta condición, la de tener cerrado o muy avanzado el marco de negociación colectiva para 2010, siempre fue una condición sine qua non para los sindicatos. La decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de presentar una propuesta de reforma laboral en el Consejo de Ministros del 22 de enero ha alterado esta decisión

CCOO critica que la presión política que supone la presidencia europea empuje al Gobierno a tomar este tipo de decisiones.

Con todo, el 20 de enero también se propondrán medidas para el control del absentismo, un tema que se intentó pactar en el fallido proceso de negociación del verano. También queda pendiente la reforma de la negociación colectiva, que está incluida en la agenda del Gobierno pero que las centrales sindicales creen que se tiene que solventar en la negociación bilateral con la CEOE.

Las políticas de formación, el papel de los Servicios Públicos de Empleo, además de la reforma de los procesos concursales, son algunos de los flecos que aún quedan pendientes del último recetario de medidas que presentó el Gobierno. Lo que no se volverá a discutir al menos no lo propondrá el Ejecutivo es una posible rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios y tampoco temas que afecten de alguna forma a las pensiones. Éste último punto se está discutiendo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y Zapatero anunció que se hará una propuesta oficial para la reforma de las pensiones el 29 de enero.ç

Otros agentes sociales también han alzado su voz

Otra propuesta que será rechazada por el Gobierno es cualquier intento de abaratar o flexibilizar el despido, pese a la posibilidad de que la patronal vuelva a pedir un modelo de contrato que apunte en esa dirección. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha mostrado recientemente su apoyo a este tipo de medidas, lo que arropa políticamente a la patronal. Para los sindicatos, la posición del PP en estos momentos crea una distorsión en el Diálogo Social.

Otros agentes sociales también han alzado su voz para influir en una reforma laboral más profunda. El llamado grupo de los cien economistas, promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), concretó ayer su modelo de reforma laboral. El grupo de Fedea lamenta la actitud de patronal y sindicatos en la negociación ya que cree que se han enrocado en posiciones partidistas. Además, dijo estar muy distante del contrato propuesto tanto por la CEOE como por el Partido Popular. Los economistas advirtieron que la adopción de medidas como el contrato alemán o los incentivos a la contratación a tiempo parcial no son suficientes para crear empleo en los próximos años.

El grupo de los cien economistas agrupado por Fedea propone un contrato único con una indemnización de partida de 12 días por año trabajado, que se iría incrementando dos días cada año hasta un máximo de 36 días. Habría también sólo una causa de despido, con excepción de una vulneración de los derechos fundamentales y por motivos disciplinarios.Sin una reforma laboral, creen que se tardaría diez años en bajar la tasa de paro al 10%; con la Ley de Economía Sostenible la reducción del paro costaría 20 años, pero si a esta Ley (menos intensiva en mano de obra) se une su propuesta de reforma, sólo se tardaría 6,5 años. Según sus cálculos, sólo un 10% de la población activa se vería perjudicada por el nuevo contrato único.