Los recortes a la retribución de las energías renovables aplicados por el actual y el anterior Gobierno obligarán a los abogados del Estado a batallar en frentes jurídicos en España, en Bruselas y en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo vuinculado a la ONU, según fuentes empresariales del sector.

Sobre los arbitrajes iniciados por varios fondos ante el Ciadi, los abogados de las empresas discrepan del mensaje lanzado por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, según el cual lo que se dirime es si se ha dañado de forma diferencial a inversores internacionales frente a nacionales. En los arbitrajes, aseguran, no necesariamente se va a discutir la discriminación de unos frente a otros, sino el perjuicio causado por romper la confianza legítima de los inversores, ya sean nacionales o extranjeros.

Junto a este frente se encuentra el abierto por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético contra la ley 15/2012 de medidas fiscales, que ha conducido a la UE a iniciar una fase de intercambio de información informal, denominada proyecto piloto, previa a la incoación del procedimiento de infracción. La plataforma ha sido informada de que las explicaciones dadas por el Gobierno de España en esta fase no han sido satisfactorias, por lo que podría iniciarse un proceso de infracción.

En cuanto a los tribunales nacionales, el sector pronostica que a los litigios ya anunciados se sumarán otros nuevos relacionados con el nuevo real decreto de energías renovables. El Gobierno ha abusado de la fórmula de la ley y del real decreto ley, pero ahora las normas con rango de decreto u orden ministerial resultan recurribles.

Otro frente son los litigios que iniciarán los productores de renovables en cuanto empiece a haber liquidaciones definitivas tanto de ingresos como de los impuestos que se aprobaron con la Ley 15/2012, si bien en este último caso hay un plazo de cuatro años para recurrir antes de que prescriba. Las empresas pronostican 'miles de contenciosos contra la Administración española' y citan entre sus argumentos el informe Lagares de expertos en fiscalidad, en el que se duda de la conformidad del impuesto eléctrico con el Derecho comunitario.