Las compañías eléctricas se frotaban ayer los ojos. A una semana de una huelga general, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se va a atrever a firmar una subida media del 4,8% de la factura de la luz que consumen 18 millones de hogares y pymes, según hizo ayer oficial el Ministerio de Industria. La tarifa de último recurso (TUR), que afecta a la mayoría de usuarios por ser la que utilizan quienes consumen menos de 10 KW al mes, volverá por tanto a subir en octubre, tras el incremento del 2,64% de enero.

En su cruzada contra el déficit público, el Ejecutivo se ha atrevido con una de las medidas más impopulares. El argumento es que lo que no se pague ahora del coste de la luz, se pagará a través de impuestos durante años, esta vez con intereses. Porque en España no se paga por la luz lo que cuesta producirla y eso genera el llamado déficit de tarifa, un lastre que acumula casi 20.000 millones de euros, que el Estado adeuda a las compañías eléctricas y que va a pagar a base de créditos de la banca.

¿Cómo se ha fijado la subida? El Ministerio de Industria ha congelado la parte de la factura sobre la que aún decide, el llamado peaje de acceso (que equivale a poco menos de la mitad de la factura total), y ha dejado que la subasta trimestral que celebran las eléctricas decida el precio de la otra mitad, tal y como dicta la ley. Es una “fórmula automática”, recordaba ayer el Ministerio en su comunicado. “El coste de la energía se ha visto afectado por la evolución de los combustibles y por el efecto estacional de los meses de invierno”, añadía.

Sin embargo, lo ocurrido en julio había llevado a pensar al sector que, al final, el Gobierno retocaría el cálculo. Entonces, Ejecutivo y PP pactaron bajar los peajes de acceso para neutralizar el precio arrojado por la subasta y evitar que subiera la luz. Esta vez no ha sido así.