El recibo de la luz se congelará hasta 2012 para los consumidores con una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (KW) en su primera vivienda, para las familias numerosas, las que tengan a todos los miembros en paro, y quienes perciban pensiones mínimas, lo que afectará a unos 5 millones de hogares.

Según informó el Ministerio de Industria, esta tarifa reducida o 'bono social' se incluye dentro de un Real Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros con el que el Ejecutivo soluciona el problema del déficit tarifario -la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes- acumulado desde 2000, que asciende a unos 16.000 millones de euros.

El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá los costes de la producción de electricidad fuera de la península, mientras que las eléctricas costearán el 'bono social' y la gestión de residuos radiactivos.

El Gobierno explica que la nueva normativa garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico y articula un 'mecanismo de protección' para los consumidores 'más vulnerables'.

Industria argumenta que el déficit de tarifa, en el contexto de restricción crediticia, dificulta la financiación del sector eléctrico e impide la competencia, lo que obstaculiza a su vez las inversiones, por lo que el Estado avalará hasta 10.000 millones de la deuda pendiente de titulizar.

Para garantizar la financiación de la deuda actual, los derechos de cobro se cederán a un fondo de titulización de nueva creación, mientras que el Estado avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 que se cedan a dicho fondo.

De forma gradual, los Presupuestos Generales del Estado asumirán entre este año y 2012 el coste extra que implica la generación de electricidad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que asciende a unos 1.300 millones de euros.

Así se eliminarán de la tarifa eléctrica partidas con escasa relación al suministro y con esa misma finalidad, las eléctricas asumirán el coste de gestión de los residuos radioactivos y del combustible gastado.

Por otro lado, la aprobación de un 'bono social' cubrirá la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso, que entrará en vigor el 1 de julio, y una tarifa de referencia que se denominará 'reducida' y se aplicará de forma automática a quienes tengan