Rajoy frena a sus barones en la financiación

El líder del PP, Mariano Rajoy, se abonó ayer a las tesis de los ex presidentes Aznar y González, y cuestionó que la actual coyuntura económica sea la adecuada para alumbrar un nuevo sistema de financiación. El dirigente conservador afirmó que hace tres años que el asunto está pendiente (desde que se aprobó el Estatut) y que lo que cabe preguntarse es "si es el momento adecuado para acometer la reforma y cómo se financiará".

Las dudas del presidente del PP contrastan con la posición mantenida por los barones de su partido, especialmente Esperanza Aguirre y Francisco Camps. Pero también de la de su dirigente en Catalunya Alicia Sánchez Camacho, que el lunes cargó contra Zapatero por no cumplir ni en plazos ni en cantidades.

Ayer, el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, afirmó que el pacto, que el Gobierno espera cerrar el 15 de julio, está "en el alero" por las "incógnitas". Y es que las autonomías aún no saben a que atenerse. De hecho, el Gobierno negocia bilateralmente con ellas pero esconde a unas lo que compromete con otras.

A partir de ahí, nace su inquietud ante la globalidad del modelo. En el fondo está el deseo de no quedarse con menos que Catalunya, que lidera la negociación. Para escapar de la dinámica uniformista que le perjudica, ayer el Govern se abrió a ser compensado al margen del modelo con financiación extra para competencias como la Policía autonómica o las prisiones.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias (PSOE), afirmó que no dará el sí "hasta conocer todas las cifras". Catalunya, mientras, no ve cercano el acuerdo. Pero, si el Gobierno convoca el Consejo de Política Fiscal, allí estará su conseller aunque sea para decir que no.

Ayer, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmó en Bruselas que la propuesta del Gobierno respetará la letra y el espíritu del Estatut. También en materia de ordinalidad (que Catalunya no vea alterada su posición en el ranking económico de autonomías después de haber funcionado los mecanismos de solidaridad). Pero mientras que Salgado sostiene que ese ránking es de renta por cápita, para la Generalitat es de recursos por cápita por cada ciudadano. Una gran diferencia.