El PP de Madrid y el partido a nivel nacional están, por una vez, de acuerdo. Ayer, los dos se mostraron sorprendidos de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fuera a recurrir la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional (TC).

Mariano Rajoy decidió que la versión del partido la ofreciese ayer su responsable de Economía, Cristóbal Montoro, quien se alineó claramente con la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Montoro calificó la decisión del Ejecutivo socialista de 'una auténtica injerencia que raya en la provocación' y afirmó que 'no hay riesgo objetivo en la gobernanza de Caja Madrid que lo justifique'. El diputado conservador cree que esta 'problématica' debe 'dirimirse' a nivel autonómico y local.

En la sede nacional del PP consideran que todo esto es una 'nueva cortina de humo' para 'ocultar los verdaderos problemas de los ciudadanos'. Y piensan que el Gobierno haría mejor en actuar sobre Caja Castilla-La Mancha. Fue el arma arrojadiza del líder de la oposición contra Zapatero cuando éste le acusó de 'deteriorar' Caja Madrid. Además, hace dos días los conservadores solicitaron la creación de una comisión de investigación en las Cortes manchegas para que se aclare 'lo que está pasando allí'. Es la baza de contraataque a la que se agarran.

La guerra interna en el PP por Caja Madrid se prolonga ya desde hace medio año. Durante todo este tiempo, Rajoy ha intentado mantenerse al margen. La única declaración que lograron arrancarle los periodistas es que el Banco de España debía ejercer sus funciones de tutela sobre la caja de ahorro. En ese caso, coincidió con los argumentos de Gallardón.

'Deciden los jueces'

Por su parte, Aguirre insistió ayer en que la nueva Ley es 'constitucional' y que será el TC quien diga si la suspende temporalmente. 'Aquí los que tienen que decidir son los jueces y nosotros respetar lo que digan', comentó.

Desde la Comunidad de Madrid se confiesan 'alucinados' por la noticia y también denuncian la 'intromisión'. Aceptan que el Ayuntamiento es parte 'legitimada' para pleitear, pero no entienden por qué el Gobierno a dado este paso. Para ellos, existe 'un claro componente político'. Por eso, a dirigentes cercanos a Aguirre les parece 'surrealista' la situación y defienden a ultranza 'la legalidad' de esta norma.

Además, opinan que Zapatero ha dejado 'en muy mal lugar' al PSOE madrileño y a su líder, Tomás Gómez. Recuerdan que los socialistas se abstuvieron al votar la ley, el pasado 29 de diciembre en la Asamblea regional, y que más que poner pegas a lo que se han dedicado siempre ha sido a criticar el 'bochornoso espectáculo' del culebrón entre Aguirre y Gallardón.

La otra cara de la moneda es la del Ayuntamiento de Madrid, donde se declaran 'contentos'. El vicealcalde, Manuel Cobo, resumía su satisfacción: 'Creemos que el TC dará la razón a los argumentos que hemos defendido desde el principio'.

Desde el Consistorio recordaban que la Ley 'no cumple los criterios de igualdad y proporcionalidad' que establece la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA). Y aunque las corporaciones locales no pueden acudir al Constitucional, Gallardón dio órdenes de emprender también las acciones judiciales pertinentes. Por eso han presentado dos recursos, uno de ellos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los procesos siguen ahora su curso.

A los colaboradores de Gallardón no les parece que el Gobierno se haya entrometido. Defienden que ha actuado conforme al dictamen del Consejo de Estado. Creen que Aguirre ha ido 'muy lejos' y esperan al 'análisis de fondo' del TC.