El Congreso de los Diputados aprobó ayer con amplio apoyo de la oposición la reforma financiera que anunció el Gobierno hace dos semanas y que finalmente ha contado con el respaldo del PSOE, CiU, Coalición Canaria, UPN y Foro Ciudadano, además del grupo parlamentario popular.
El real decreto ley para sanear el sector financiero obligará a la banca a cubrir en unos 52.000 millones más su exposición al riesgo inmobiliario, una medida que el ministro de Economía, Luis de Guindos, consideró 'indispensable' para que fluya el crédito, la economía se recupere y se cree empleo.
Guindos afirma que es 'una señal muy positiva para los mercados'
El texto recibió 303 votos a favor de 337 diputados asistentes y la abstención de seis diputados, uno del PSOE y los otros cinco del PNV, a pesar de que los nacionalistas vascos arrancaron al Gobierno el compromiso de que la norma no invadirá competencias autonómicas. Sólo 28 diputados votaron en contra: los de Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Geroa Bai y Compromís. La Cámara rechazó tramitar el texto como proyecto de ley, lo que habría abierto la puerta a introducir modificaciones.
Tras la convalidación del decreto, Guindos mostró su satisfacción por el amplio apoyo recibido que, en su opinión, es una señal 'muy positiva' para los mercados del respaldo del Gobierno ante la 'gravedad' de la situación. 'Es un esfuerzo muy sustancial', avisó Guindos, que enmarcó la reforma dentro de una serie de 'medidas profundas' para afrontar la 'situación de emergencia'.
Durante su intervención en el pleno del Congreso, Guindos insistió en su idea de que con el saneamiento que se exige a la banca, esta volverá a acceder a los mercados de financiación y así volverá a fluir el crédito. También defendió que saldrán a la venta viviendas más baratas. Sin embargo, casi todos los grupos le advirtieron de que se puede crear un oligopolio financiero de grandes entidades, pero con mayor aversión al riesgo y menor disposición a conceder créditos.
Valeriano Gómez dice que no servirá si la economía no empieza a mejorar
En este sentido, los diputados de la Cámara Baja coincidieron en que es imprescindible que fluya el crédito para que la economía remonte y se cree empleo.
El diputado socialista Valeriano Gómez advirtió de que si la economía no deja de empeorar, ni esta ni las anteriores reformas serán suficientes 'para salir de este inmenso atolladero', informa Efe. Gómez afirmó que el PSOE apoya este texto 'por coherencia' y por 'responsabilidad'. 'Pero será la última vez que lo hagamos, si no hay un proceso previo de diálogo', puntualizó Gómez. 'Ustedes estuvieron demasiado tiempo en la oposición viajando en el tren de la irresponsabilidad y nosotros no queremos ver aparecer ese tren ni de lejos', finalizó.
Con todo, el Grupo Socialista apoyó la medida al creer que es una continuación de las del pasado Gobierno. La misma idea por la que Coalición Canaria votó a favor, y también el argumento de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para rechazar el texto, basándose en que la anterior reforma financiera 'no ha servido para nada'.
Por contra, el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, sostuvo que el objetivo de la reforma no es salvar a la banca ni a los banqueros. 'Estamos hablando de personas, de familias, de que haya crédito. No estamos hablando de technicalities', aseguró.
Tanto CIU como PNV expresaron su preocupación por el destino de las fundaciones especiales que se crearán a partir de las cajas de ahorros cuya participación en las nuevas entidades sea inferior al 25%. Tal y como está redactado el decreto, otorga al Estado el control y la supervisión de dichas fundaciones cuando el mercado de las entidades bancarias de las que han sido segregadas exceda el ámbito de una comunidad autónoma.
Esto afecta prácticamente a todas las cajas, ya que expandieron su negocio más allá de sus fronteras autonómicas, motivo de alarma en nacionalistas catalanes y vascos. Estos últimos adelantaron que su voto dependería de que la reforma garantizara el respeto de las competencias del País Vasco.
En respuesta, Luis de Guindos se comprometió a redactar un futuro decreto que establecerá que no habrá 'perjuicio a las competencias que los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades'. 'No era nuestra voluntad crear la más mínima duda al respecto', indicó tras aprobarse la norma. Aun así, el PNV se abstuvo.
Durante su comparecencia, Guindos elevó el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al ladrillo a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. El titular de Economía anunció que ha elevado en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 euros, las necesidades de saneamiento que cifró en 50.000 millones.
Una vez aprobada la reforma financiera, el ministro aclaró que esta variación se debía a que la estimación inicial tenía en cuenta la situación de los balances a junio de 2011 y que con el decreto las necesidades se actualizan a diciembre de 2011.
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