Las nuevas condiciones laborales de los españoles diseñadas por el Gobierno fueron aprobadas ayer sin consenso social, con el único respaldo del grupo socialista y con pequeñas modificaciones. Las concesiones de última hora del PSOE a algunas de las exigencias de CiU y PNV permitieron que el proyecto de ley de Reforma Laboral del Ejecutivo no cayera en saco roto. Los dos grupos se abstuvieron facilitando la mayoría de los socialistas.

El PP, que dudó de la orientación de su postura entre la abstención y el no rotundo hasta que se inició la votación en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, optó finalmente por la negativa, alegando que la remodelación del régimen laboral 'es huérfana de respaldo político y social'. Con más argumentos, también fue negativo el voto de la izquierda parlamentaria representada por IU, ICV y ERC, así como el del Grupo Mixto.

Los socialistas intentaron recabar apoyos hasta el último segundo, como colofón a una tramitación express que se ha dilatado durante algo más de un mes. No consiguieron la adhesión de ninguno de los otros cinco grupos parlamentarios, pero sí dos abstenciones que valieron oro. De hecho, la votación finalizó en un empate a 18 votos entre partidarios y contrarios a la reforma, y las dos abstenciones mencionadas. Se tuvo que echar mano del voto ponderado equiparando el respaldo de cada uno de los grupos en comisión a la representación del Pleno para aprobar el texto.

La fórmula para atraer a CiU y PNV la pusieron en práctica los socialistas en un tiempo récord. A las 17 enmiendas transaccionales que el martes presentaron a los grupos, ayer sumaron otras 17 que consiguieron pactar con los nacionalistas vascos y catalanes. Las nuevas modificaciones las plantearon en un receso del debate y se redactaron en algo más de una hora.

La novedad más importante que se introdujo ayer en el texto tiene que ver con las causas económicas que, a partir de la aprobación de la ley, justificarán un despido objetivo por parte de las empresas. En el borrador que había llegado ayer al Congreso, y fruto de una de las enmiendas transaccionales presentada el jueves por el PSOE, se establecía que la empresa podría despedir a trabajadores por una 'falta persistente de liquidez' o por registrar un 'descenso de los beneficios'.

A raíz de una petición del PNV se suaviza el texto, si bien las empresas podrán seguir rescindiendo contratos si justifican 'pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos'. La reforma mantiene que corresponderá al propio trabajador 'la carga de la prueba' cuando alegue que el uso del despido objetivo no se ajusta a derecho.

Además, a petición de CiU, los socialistas aceptaron modificar las consideraciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley fija en el límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o del 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos en un año. Estas medidas se adoptarán en relación con una media de la plantilla que el texto definitivo rebaja del 5% al 2,5%.

Otra de las iniciativas aprobadas atiende a una petición de IU sobre Igualdad. Así, se establece que se entenderán nulos los contratos o cláusulas que den lugar 'a situaciones de discriminación' por razón de sexo. El texto no establecerá restricciones a la huelga, como pedía el PP.

Jesús Membrado, portavoz de Trabajo del PSOE, se mostró 'realmente satisfecho' de una reforma que cree que garantizará derechos. Algo que no comparte el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que consideró que ayer fue 'un día negro para los trabajadores'. 'Un día triste', resumió en la misma linea el representante del PP Ignacio Echániz. A su juicio, la reforma no contiene 'ningún elemento que configure un aumento de la empleabilidad de los parados'.

Los representantes de CiU y PNV, Carles Campuzano y Emilio Olabarria, respectivamente, indicaron que la aprobada no es su reforma, pero afirmaron que no votaron en contra 'por responsabilidad' y por infundir 'confianza' a los mercados. El texto se remitirá ahora al Senado que lo devolverá al Congreso para su aprobación definitiva en el mes de septiembre.