La sociedad española se frotaba los ojos en agosto pasado viendo cómo los dos partidos mayoritarios, enemigos irreconciliables, pactaban modificar en un mes y sin referéndum un texto que se decía intocable: la Constitución. Sólo se había alterado una vez después de sacarla del molde (1992, para que los residentes extranjeros pudieran ser elegidos en elecciones municipales), y ahora se cambiaba para sacralizar las directrices de austeridad en el gasto público impuestas desde Alemania. En un principio, se quiso incluir un porcentaje concreto que encorsetase el déficit. Finalmente, PP y PSOE acordaron que se fijaría en una ley posterior. Pero sellaron por escrito los límites (ver documento adjunto). El PSOE asegura que el PP, ahora en el Gobierno, ha 'violado de forma flagrante' aquel acuerdo.

Lo dijo ayer el portavoz socialista de la Comisión de Economía del Congreso y exministro de Trabajo Valeriano Gómez, que exigió al ministro de Economía, Luis de Guindos, que vuelva a los términos del pacto o el PSOE no votará a favor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (donde se incluyen los límites del déficit), cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que se espera que haya superado el trámite parlamentario antes 'del 30 de junio', según Guindos.

Las CCAA pueden ahorrar mil millones emitiendo deuda conjunta

En conversación con Público, Valeriano Gómez explicó que 'se pactaron unos compromisos concretos que incluían establecer un déficit público estructural máximo del 0,4%, que podría superarse en caso de recesión, emergencia o catástrofe natural. Ahora se quiere que sea en esos supuestos cuando se puede alcanzar el límite del 0,4%'. Si no, déficit cero o superávit desde 2020. 'No necesitamos una terapia de choque feroz que nos impida crecer y generar empleo, que es lo que urgentemente necesitamos', dijo el portavoz socialista en la Comisión de Economía por la mañana. 'Si el Gobierno no rectifica, el PSOE no votará el contenido de ese proyecto de ley orgánica'.

Fuentes socialistas barajaban ayer incluso la posibilidad de volver a exigir el cambio de la Constitución si no se cumple el pacto inicial. Fuentes del Ministerio de Economía, por su parte, explicaron a este periódico que 'no se ha roto ningún pacto. Se está siendo más riguroso en línea con la senda de consolidación fiscal' que pide Europa.

El déficit estructural se calcula en función del potencial de crecimiento económico de un país si está utilizando la totalidad de su capacidad productiva. De ese modo, en épocas de bonanza su cumplimiento permite crear un colchón para las vacas flacas.

El Gobierno aprobará mañana una línea del ICO para municipios

Se pretende que ese compromiso reduzca las exigencias de rentabilidad de los mercados que, si ya son altas para el Estado, mucho más lo son para las comunidades autónomas, puestas bajo la lupa tras provocar en 2011 una desviación de dos puntos porcentuales del déficit comprometido. En concreto, explicó Guindos, 'el Tesoro ha calculado que el ahorro de las CCAA si estuviesen pagando rentabilidades al nivel de las que se exige al Estado sería de mil millones de euros', por lo que se van a 'buscar sistemas, con la necesaria condicionalidad', para lograrlo. CiU ha pedido la emisión de hispabonos (bonos conjuntos a nivel nacional) a través del ICO. En cuanto a la financiación de los ayuntamientos, Guindos anunció que mañana la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará una línea ICO para que paguen a sus proveedores en línea con la aprobada para las CCAA.

El otro mensaje son las reformas. Una por semana. Ayer, algunas de las mayores entidades financieras dieron detalles de cómo les afecta la financiera y sus exigencias de saneamiento del ladrillo (información adjunta).