Los retrasos en los pagos por parte de grandes empresas están asfixiando a la industria auxiliar de la construcción. Hasta tal punto que la patronal de fabricantes de materiales de construcción, Cepco, denunció ayer que muchas empresas están incumpliendo la Ley de Morosidad sólo 100 días después de entrar en vigor. 'Si siguen los incumplimientos flagrantes y repetidos, iremos a los tribunales', señaló su presidente, Rafael Fernández. La constructora Ferrovial y la compañía de servicios medioambientales Befesa son los 'campeones de argucias', acusa Cepco.

Recurrir a los jueces sería el último recurso, pero Cepco se lo plantea seriamente, además de acudir a las juntas de accionistas a demostrar el incumplimiento de las 'empresas tramposas'. La cantidad que les deben todas las empresa suma 15.000 millones, más otros 600 millones en intereses. Es más de la mitad de los ingresos anuales de este subsector.

Ferrovial es la principal señalada porque 'es un clamor que nos transmiten nuestras empresas asociadas', explica Rafael Fernández. Mientras Dragados, la constructora de ACS, cumple correctamente. Cepco acusa a Ferrovial, Befesa y otras de utilizar 'cláusulas abusivas' por las que obligan a que los fabricantes de materiales tengan que recurrir a que la banca les adelante el pago en 85 días, pero cargándoles con los intereses de lo que aquellas tardan en pagar al banco y el coste del anticipo (se llama confirming).

Las empresas morosas justifican las 'triquiñuelas' de las que les acusa Cepco porque son contratistas de las administraciones, que no les pagan tampoco en plazo. Son culpables de que esté bloqueado el 40% de los 15.000 millones. El Ayuntamiento de Madrid y las comunidades de Valencia y Andalucía tienen 'tarjeta roja' en incumplimientos. Los fabricantes se quejan de que sus 5.000 empresas, que emplean a 390.000 personas, han perdido en dos años 260.000 empleos.

Por otro lado, Cepco usará sus 21 votos en la CEOE para elegir a un sucesor de Gerardo Díaz Ferrán 'que nos dé la importancia que tenemos'.