¿Quién protege a las víctimas de trata con fines de explotación sexual?

 

España protege a las víctimas de trata con fines de explotación sexual siempre y cuando colaboren con las autoridades en la desarticulación de las mafias que las subyugan. Si quieren salir del pozo de la prostitución forzada, obtener el permiso de residencia y trabajar legalmente en nuestro país, deben denunciar a sus proxenetas. En caso contrario, se les impone una multa o incoa un expediente de expulsión por estancia irregular. La mayoría de las mujeres evita dar el paso por desconfianza y miedo, pero las que lo hacen no cuentan con la debida protección por parte del Estado, como denuncian las asociaciones que las asisten. Se han dado pasos adelante, reconocen, aunque resultan insuficientes.

La reivindicación histórica de las entidades englobadas en la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), que reprenden al Estado español por no haber implementado todos los mecanismos de protección internacional, es la creación de una Ley Integral que incluya protocolos e instrumentos de actuación. "Se ha progresado en la materia, pero hay conceptos que no han sido definidos, lo que hace que sea difícil aplicarlos en la práctica", explica Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza. Existe otra figura, además de la colaboración con la Policía y la Justicia, para que las extracomunitarias puedan obtener la documentación: su situación personal. Sin embargo, el criterio para determinar si alguien es vulnerable "puede variar en función de la interpretación del funcionario", señala.

Actualmente, el Protocolo Marco establece que la víctima potencial puede acogerse a un periodo de reflexión de "al menos treinta días y, en todo caso, suficiente para que pueda restablecerse y decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal", como recoge el artículo 142 del Real Decreto 557/2011. Cleofé Rodríguez, coordinadora de Vagalume, defiende que la colaboración no sea necesaria para recibir protección. "Si no se atreven a denunciar o se retiran del procedimiento, dejan de ser víctimas y son deportadas. Deberían catalogarlas como tales simplemente por una cuestión de violación de los derechos humanos, por lo que correspondería al Estado indemnizarlas, resarcirlas y regularizar su situación administrativa", añade la responsable de esta ONG gallega. Como la legislación actual no contempla tal extremo, plantea otra opción: "Considerarlas víctimas de violencia de género".

Ahora bien, podría darse el caso de una extracomunitaria que decide colaborar con las autoridades sin acogerse al periodo de reflexión, lo que la situaría en un limbo sanitario, añade González. "Nos preocupa su acceso a la sanidad. Si bien la ley garantiza la atención durante al menos treinta días, hay mujeres que no lo suscriben. Por eso nos encontramos con personas que, al no ser regularizadas inmediatamente, carecen de atención. Es cierto que el Estado ha contemplado una excepción, aunque el criterio es restrictivo y no puede ser aplicado a todas las víctimas de trata, que deberían tener acceso a los centros de salud públicos para poder recuperarse".

La abogada María Ángeles Jaime de Pablo alude al escaso número de denuncias para advertir de que algo falla. "El miedo, la falta de recursos, el arraigo o la falta de conocimiento frenan a las víctimas. Al contrario que en las películas estadounidenses, aquí no hay dobles identidades, indemnizaciones ni prestaciones económicas análogas a las de la violencia de género. Una mayor protección contribuiría a que hubiese más sentencias condenatorias", cree la miembro de la asociación de mujeres juristas Themis.

En los últimos años, se han producido importantes avances en términos de arquitectura jurídica. Además del citado periodo de reflexión incluido en la ley de extranjería y del Protocolo Marco de Atención a las Víctimas creado en 2011, destaca la ratificación del Convenio Europeo y las incorporaciones de un título relativo a la trata en el Código Penal y de un artículo (59 bis) en la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros. En cambio, la fecha de caducidad del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual venció el pasado diciembre. "Ahora mismo no hay ninguna medida de protección distinta de las que establece la ley para el resto de los ciudadanos", asegura Jaime de Pablo, quien también plantea alternativas a la denuncia. "Podrían acogerse a la ley del asilo, pues son perseguidas por razón de género, pero es muy complicado aportar pruebas cuando están amenazadas aquí y en su país de origen", concluye la abogada.

La "ineficacia" de los métodos usados para identificar a las víctimas ha sido criticada por la Defensora del Pueblo, que ha recomendado al Ministerio del Interior que revise los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para obtener la protección internacional. También ha observado "carencias" a la hora de identificarlas en los puestos fronterizos y, en el caso de las menores, pide que se elabore un protocolo específico para detectarlas y atenderlas. Hace una semana, España otorgó por primera vez el asilo a una joven nigeriana que llegó en patera tras una tortuosa travesía de dos años, durante la cual fue obligada a prostituirse y a abortar.

La Policía Nacional contabilizó el pasado año 12.205 víctimas potenciales de trata, un tercio de las personas que podrían ejercer la prostitución en España. Buena parte son ciudadanas rumanas y, entre las extracomunitarias, la mayoría son chinas, brasileñas y paraguayas. "China es una realidad oculta, ya que son explotadas en pisos, lo que provoca que las investigaciones resulten más complicadas", sostiene José Nieto, inspector jefe de la UCRIF Central (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales). Por otra parte, las dos principales nacionalidades de los detenidos en 2012 y 2013 son la española y la rumana, mientras que la nigeriana y la china se alternan en el tercer puesto.

"Las mujeres sin papeles son mucho más rentables para los explotadores, porque suponen un cheque en blanco. Nunca terminan de pagar la deuda y, cuando están a punto de hacerlo, les imponen sanciones", detalla Nieto, cuyo departamento ha lanzado un plan para atajar la trata que incluye vídeos de sensibilización y un teléfono de atención a víctimas (900 10 50 90). "Queremos que los ciudadanos adviertan si hay mujeres en los clubes sometidas a un régimen de esclavitud. Hemos recibido llamadas de denuncia gracias a la campaña que nunca antes habrían llegado a nosotros", afirma el inspector jefe de la Policía Nacional, quien también valora la estrecha colaboración que mantienen con la Fiscalía de Extranjería para luchar contra las mafias.

Las que se atreven a denunciar no lo hacen al momento, aunque sí relativamente pronto, según Nieto. "Es bueno que hablen tras ser asistidas por una ONG. Sin embargo, quien tarda en colaborar es difícil que lo haga tiempo después. Intentamos evitar que se incoe el expediente de expulsión; ahora bien, si rechazan el protocolo tenemos que seguir con los trámites que dicta la ley. ¿Qué podemos hacer si no?", se pregunta el inspector jefe.

Podría concederse el permiso de residencia a todas aquellas cuyos derechos humanos hayan sido violados, como sugiere Cleofé Rodríguez, pero el alto cargo de la UCRIF no está de acuerdo porque cree que esa posibilidad se convertiría en un coladero. Tampoco lo ve claro la abogada María Ángeles Jaime de Pablo, quien opina que podría tener efectos contraproducentes. "Si se dejase de incentivar la denuncia, las víctimas no colaborarían, por lo que terminarían reduciéndose las acusaciones y, en consecuencia, las condenas. El resultado sería el reforzamiento de la impunidad de las conductas de los explotadores", se plantea la jurista, que define a las víctimas de trata como "las más desprotegidas y vulnerables".

No sólo ellas, sino también los suyos. "Si la familia está siendo amenazada en el país de origen y el Estado no garantiza su seguridad, insistimos en la necesidad de que tengan las mismas oportunidades que un asilado, lo que implicaría la reagrupación familiar con carácter preferente", defiende Marta González, quien también aboga por reformar la ley de testigos. Supondría una mayor protección para "el eslabón más débil de la cadena laboral", que está sufriendo los embates de la crisis y la falta de empleo. "Cada día encuentran más dificultades para encontrar trabajo, dejar las casas de acogida y tener una vida autónoma", apunta la responsable de Proyecto Esperanza, que ha visto minada su financiación tras la desaparición de las obras sociales de las cajas de ahorro. "Cuando necesitamos más recursos ajenos para cubrir todas sus necesidades, desde el alojamiento a la formación, vemos cómo el presupuesto del Plan Nacional de Lucha contra la Trata se reduce un 25%".

Mientras, las mafias siguen lucrándose con la explotación de seres humanos pese a la labor de la Policía Nacional, que en el primer semestre de este año llevó a cabo 132 actuaciones contra la trata, donde fueron detenidas 421 personas e identificadas 539 víctimas directas de la prostitución (117 de tráfico de seres humanos y 422 de explotación sexual), entre ellas diez menores. Además, fueron inspeccionados 750 lugares donde se ejerce la prostitución, en los que detectaron a más de 6.600 personas en riesgo, casi todas mujeres, según datos del cuerpo armado.

Sin embargo, el IV Informe de Seguimiento del Plan de Acción Nacional contra la Trata para Explotación Sexual señala que en 2012 el número de víctimas identificadas descendió casi un 10% respecto al año anterior, pasando de 1.082 a 976 en 2012, 21 de ellas menores. Asimismo, el número de periodos de reflexión ofrecidos bajó de 763 a 377 (que se corresponden con las mujeres en situación administrativa irregular, un 39%) y los aceptados por las víctimas se redujeron de 98 a 81. Un número de solicitudes y concesiones "tan bajo" y "preocupante" que motivó que la Defensora del Pueblo haya pedido que se revise el procedimiento.

"Muchas tienen miedo a dar el paso, algunas no se consideran víctimas y otras prefieren seguir siendo sometidas. Como sus explotadores conocen a sus familias, mejor saldar la deuda cuanto antes que ver peligrar la vida de sus hijos", cree la responsable de Vagalume. En el estudio hay un atisbo de luz, pues se refleja por primera vez la concesión de 66 autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, once de ellas definitivas. "Quien colabora y denuncia no será expulsada nunca", zanja José Nieto. Claro que el vacío que media entre el club y el juzgado da vértigo.

- Correo (trata@policia.es) y teléfono de atención a la víctima de trata: 900 10 50 90