El alcalde de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, es uno de los cinco detenidos en una operación anticorrupción en Cataluña para los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado prisión incondicional, según el auto conocido el viernes.

El magistrado decretó prisión provisional sin fianza para el socialista Muñoz; su tercer teniente de alcalde y responsable de Espacio Público y Urbanismo, Manuel Dobarco; los ex altos cargos de la Generalitat catalana en la época de Jordi Pujol Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, de CiU; y Luis Andrés García, un empresario al que considera uno de los máximos responsables de la trama.

Están acusados cada uno de al menos tres de los siguientes delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y mercantil y encubrimiento.

Además Garzón decretó prisión provisional eludible bajo fianza de 500.000 euros para Lluis Casamitjana, directivo de una empresa financiera, y José Singlá, administrador de una inmobiliaria; de 100.000 euros para Manuel Carrillo, responsable de una empresa de limpieza; y de 25.000 euros para Pascual Vela, director de los servicios municipales de Santa Coloma, por varios de estos mismos delitos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia, tras tomar declaración a los detenidos esta semana, señaló en su auto que un grupo "liderado, o al menos cohesionado, por Luis Andrés García Sáez", se dedicó al tráfico de influencias, y que el empresario ejerció de "consejero de facto o en la sombra que mediatiza todas y cada una de las acciones" del alcalde y del teniente de alcalde de Santa Coloma.

"Y accediendo a otras personas que forman parte de entidades públicas para conseguir que los proyectos y adjudicaciones caigan de parte o en beneficio de los empresarios imputados o sus empresas, vinculadas a las actividades de promoción y construcción inmobiliaria; y todo ello para obtener ilícitamente las ganancias correspondientes", dijo el juez.

"A esta labor coadyuvan eficazmente los imputados Luis Prenafeta y Macia Alavedra, los cuales, por su parte, despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus "clientes" o empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes", agregó.

FRAUDES Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Las actividades del grupo consisteron en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, "aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás", según el relato del juez.

Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat, y Alavedra, ex consejero de Economía, habrían percibido al menos 637.590 euros por su intermediación en dos operaciones urbanísticas, mientras que Luis Andrés García, habría obtenido al menos ocho millones de euros, indicó Garzón en el auto.

El dinero obtenido por estas actividades fue invertido tanto dentro como fuera de España "a través de entramados societarios que consiguen la ocultación de los bienes de origen ilícito".

El Partido Socialista catalán indicó esta semana que "si la autoridad judicial tomara medidas que afectasen a los cargos electos" pediría su renuncia como regidores y suspendería de militancia a los afectados, y además propondría al pleno del ayuntamiento de Santa Coloma la elección de un nuevo alcalde.

Por su parte, desde CiU se recordó que los dos detenidos solo son militantes de base del partido nacionalista catalán y hace años que no ocupan cargos públicos.